El partido de Puigdemont tiene el viento de cola y emerge como el gran favorito después del aplazamiento de las elecciones autonómicas. Junts per Catalunya (JxCat) no ocultó en ningún momento que prefería retrasar los comicios mientras las encuestas mostraban un paulatino acercamiento a ERC. La formación posconvergente necesitaba tiempo y ha conseguido más tiempo del necesario para atrapar y superar a ERC en las encuestas, igual que ocurrió en 2017, cuando los sondeos daban primero a ERC, partido que quedó tercero por detrás de JxCat y Ciudadanos, el ganador.
El Govern ha impuesto su fecha, bien acogida por los comunes, la CUP y Ciudadanos y con algunas reservas por parte del PP. Sólo el PSC y Vox se han manifestado abiertamente en contra. Todo el mundo da por supuesto que las elecciones se celebrarán el 30 de mayo. Todo el mundo, menos el propio gobierno autonómico, que en el artículo segundo del decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalidad señala: "Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat".
La misma idea se desliza en la exposición de motivos para la suspensión. "Debe tenerse en cuenta que el Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones para el 14 de febrero de 2021, prevé la posibilidad de dejar sin efecto la convocatoria si, por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la Covid-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias", señala el texto.
La convocatoria electoral se tiene que señalar con una antelación de 54 días, de modo que el Govern tendrá hasta principios de abril para fijar la celebración de las elecciones. De momento, el retraso deja claro que JxCat ha ganado la primera batalla y arroja dudas, sombras y sospechas sobre la capacidad técnica de la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, en manos de Bernat Solé, de ERC, y encargada de organizar los comicios.
Insuficiencia de las medidas
En teoría, dicho departamento había diseñado un ambicioso plan que pasaba por trasladar los puntos de votación de colegios a grandes espacios como pabellones polideportivos e incluía votaciones por separado de los grupos de riesgo y medidas sanitarias para los miembros de la mesas. En la práctica, nadie ha visto esos planes. Se explica que ERC se ha avenido a retrasar los comicios, tal como pedía JxCat, para reventar la operación Illa, pero la falta de concreción de los planes para votar en medio de una pandemia también circula entre los partidos como causa del cambio de opinión de los republicanos.
Sea como fuere, hace tan sólo unas semanas, el consejero Solé sólo contemplaba un escenario para no celebrar las elecciones y este era el confinamiento domiciliario. La confianza en el dispositivo técnico que presuntamente se estaba preparando en su consejería y en la de Salud, también de ERC, era absoluta. Ahora, la conclusión es que no se podía votar con el 14 de febrero por "la insuficiencia de las medidas adoptadas para la celebración de las elecciones con garantías", según el propio decreto de suspensión.
Reconocimiento de ERC
A mayor abundamiento, en el decreto se insiste en que "las circunstancias epidemiológicas y de salud pública descritas también conllevan que las medidas para el desarrollo de los comicios previstas por parte del órgano competente en materia de procesos electorales de la Administración de la Generalitat de Catalunya hayan resultado insuficientes para la plena garantía de la protección de la salud de la ciudadanía en el transcurso del proceso electoral, por lo que se ve afectado el ejercicio, en condiciones de libertad e igualdad, del derecho de voto exigible en cualquier sistema democrático, sin que sea posible establecer, en estas circunstancias, otras medidas que garanticen la celebración de las elecciones con plenas garantías, tanto para la salud como para el desarrollo y la culminación del proceso electoral.
En este sentido se pronuncia el informe emitido por el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia en fecha 15 de enero de 2021".