![Castilla y León, Andalucía, Murcia y Asturias piden al Gobierno un confinamiento domiciliario Igea augura 50 o 60 muertes diarias en pocos días mientras la región pide instrumentos para el confinamiento domiciliario.](https://s.libertaddigital.com/images/trans.png)
Los gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia, Castilla y León y Asturias han reclamado ya al Ejecutivo central que contemple las herramientas necesarias para decretar, dado el caso, un confinamiento domiciliario en los territorios ante el exponencial incremento de casos de coronavirus.
El actual estado de alarma que rige en el país hasta el mes de mayo no contempla las herramientas necesarias para aplicar este confinamiento domiciliario, por lo que estas autonomías, tres gobernadas por la coalición PP-Cs y una por el PSOE, han exigido ya al Gobierno que considere la posibilidad de modificar este decreto y dar a las comunidades autónomas la posibilidad de confinar a la población, si se da el caso.
El primero en plantearlo esta vez ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lo hizo este miércoles tras anunciar que tomará medidas más restrictivas a partir de este viernes. Moreno consideró que el Gobierno "debería ir pensando" si hay que ir tomando una medida como la del confinamiento total en el conjunto del territorio español.
Sin embargo, la propuesta de Juanma Moreno fue rechazada esa misma tarde en el Consejo Interterritoral de Salud por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aseguró que, "en estos momentos", el Ejecutivo no contempla ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario.
En ese Consejo Interterritorial de Salud, el consejero de Salud de Asturias, Pablo Fernández, también reclamó al Ejecutivo que se otorgue a las comunidades autónomas la capacidad para poder establecer un confinamiento domiciliario si hiciera falta. No es la primera vez que el Gobierno de Adrián Barbón pide esta medida restrictiva al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la segunda ola del coronavirus, el mandatario socialista reclamó modificar el decreto del estado de alarma para poder confinar a la población ante el incremento de casos, extremo que también fue rechazado por el Ministerio de Sanidad.
A pesar de esta actual negativa del ministro de Sanidad, los Ejecutivos regionales de Castilla y León y de Murcia se han sumado este mismo jueves a la petición de Andalucía y Asturias y han pedido al Gobierno central que estudie la posibilidad de aplicar esta medida para contener el avance de la pandemia.
Igea advierte de la "gravedad de la situación"
En concreto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido poner en marcha estas herramientas para decretar un confinamiento domiciliario "breve e intenso", ya que, según ha señalado, podría ser necesario "en pocos días" dada la evolución en el número de contagios.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha advertido de la "gravedad" de la situación actual y del incremento rápido de casos, cuya velocidad hace augurar una situación que puede ser "peor" a la vivida en marzo.
Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reconocido que el confinamiento domiciliario es una opción "necesaria" y que "tiene que estar sobre la mesa" ante el pico de nuevos casos de coronavirus, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que ponga esa herramienta al alcance de las comunidades autónomas.
Asimismo, López Miras ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no convoque a los mandatarios autonómicos desde el mes de octubre, cuando tuvo lugar la última Conferencia de Presidentes para hablar de los fondos europeos.
Puig, con el Gobierno, descarta confinar
Por el contrario, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha alineado con el Ejecutivo central y ha descartado la posibilidad de un confinamiento total en la Comunidad Valenciana alegando que "en estos momentos el estado de alarma no lo permite"
"Tomaremos las decisiones de una manera serena y pensando en el interés general, como siempre", ha recalcado Puig. En las últimas fechas, los colegios de médicos y sus socios de gobierno —Compromís y Podemos— habían pedido al presidente valenciano contemplar esta posibilidad.