Las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles donde cumplen condena los presos golpistas (Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses) han vuelto a proponer la concesión del tercer grado para esos reclusos. La solicitud queda en manos ahora de la secretaría de medidas penales de la Generalidad, un órgano de la consejería de Justicia (de ERC) que suele dar su consentimiento a todas las peticiones de las juntas de tratamiento. De esta manera, los nueve condenados por la asonada separatista de octubre de 2017 podrían volver en unos pocos días a la calle.
En ese caso, podrían participar incluso en la campaña electoral si finalmente las elecciones se llevan a cabo el 14 de febrero, así como recuperar los trabajos y tareas de voluntariado con las que justificaron el tercer grado en primera instancia. Los nueve presos, los Jordis, Cuixart y Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Carme Forcadell, salieron de prisión en la primavera del año pasado. La Fiscalía interpuso un recurso contra la concesión del tercer grado. La juez responsable de Lledoners ordenó el reingreso en prisión de los internos varones favorecidos por la Generalidad, cosa que sucedió en julio. En cambio, el magistrado del que dependían las presas Forcadell y Bassa mantuvo el tercer grado hasta la decisión del Tribunal Supremo, por lo que no volvieron a la cárcel hasta primeros de diciembre.
Si la secretaria de medidas penitenciarias de la Generalidad acepta la propuesta de las juntas, la Fiscalía tendría que reactivar el procedimiento para que el expediente de los nueve condenados volviera al Supremo, cuyos magistrados desestimaron el tercer grado porque la mayoría de ellos no había cumplido una cuarta parte de la pena, así como por las reiteradas declaraciones en las que los condenados han manifestado su voluntad de incurrir en los mismos comportamientos delictivos que les llevaron a prisión.
El impacto de las elecciones
La hipotética suspensión de las elecciones es uno de los elementos a tener en cuenta en la situación de los presos, que podrían obtener la libertad por dos vías, el indulto o la reforma del delito de sedición en el Código Penal. En uno u otro caso, mientras que Podemos exige la mayor celeridad, el PSOE prefiere retrasar la resolución del contencioso hasta después de las elecciones, sobre las que planea un aplazamiento a causa del coronavirus hasta la segunda quincena de mayo o primera de junio. El PSOE también es contrario a este aplazamiento, que altera sustancialmente su agenda en Cataluña.