Malas noticias para la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía. El juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, que está dirigido por la juez Pilar Rovira, ha emitido una providencia este martes citando a declarar en calidad de investigados –la figura que hasta hace poco se conocía como imputado– tanto al director general del cuerpo (Francisco Pardo Piqueras) como al Director Adjunto Operativo (comisario principal José Ángel González).
Tendrán que explicar el 9 de marzo cómo planificaron y gestionaron el dispositivo policial que trató de evitar que los independentistas arrasasen el centro de Barcelona y otros puntos de Cataluña los días posteriores a que el Tribunal Supremo emitiese su sentencia condenatoria contra los dirigentes políticos que lideraron el golpe secesionista en Cataluña, y que se saldó con unos 200 agentes de policía heridos, algunos de ellos de gravedad.
El Jupol, sindicato mayoritario en el cuerpo policial, presentó una querella semanas después del final de ese despliegue policial en Cataluña que inicialmente no fue admitido, pero tras un recurso a la Audiencia Provincial, se ha ordenado finalmente que se investiguen los hechos. El sindicato cree que los dos máximos responsables de la Policía Nacional pudieron cometer un delito contra los derechos de los trabajadores.
En el escrito de acusación argumentaban que se produjeron serias deficiencias organizativas, como en lo relativo a la "asignación de relevos o refuerzo de efectivos policiales" o a la "falta de dotación de material antidisturbios" motivo por el que "resultaron heridos varios agentes de la Policía". Del mismo modo, consideraban que "los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial".