La formación Podemos ha sido demandada por "alterar el proceso electoral" de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal del partido conocida como Vistalegre 3 en la que fue reelegido Pablo Iglesias como secretario general el pasado mes de mayo.
La demanda, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido presentada por el excandidato de Podemos a la Secretaría General, Fernando Barredo, ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. En ella se insta a la nulidad de pleno derecho de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, por vulneración del derecho fundamental de participación. La formación "ha sido capaz de alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte".
La demanda de 30 páginas, elaborada por la abogada y candidata de la formación Izquierda en Positivo para las elecciones autonómicas catalanas, Celia Cánovas, ha sido presentada este mismo lunes. Precisamente, el Juzgado de Primera Instancia nº 89 de Madrid acordaba el pasado 28 de diciembre la nulidad de las primarias celebradas para las elecciones municipales en el municipio madrileña de Collado-Villalba por fraude, al no facilitar el partido el censo, ni al Juez, ni al demandante. También por la posibilidad de eliminar votos o por el control en exclusiva por parte de Podemos del censo y de los votos.
La demanda presentada ahora por Fernando Barredo recoge presuntas irregularidades cometidas durante Vistalegre 3: "Queda acreditado que Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera superaban el límite de un cargo institucional o función pública establecido en el Código Ético de Podemos, puesto que cada uno ocupaba dos cargos públicos, el de diputado y un cargo en el Gobierno de España. El Equipo Técnico del proceso que según el Reglamento de la Tercera Asamblea Ciudadana debía velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, nunca debió aceptar las candidaturas. Se daba la anómala circunstancia de que dicho Equipo Técnico, designado por la dirección del partido, estaba íntegramente compuesto por miembros de la candidatura oficialista".
Según la demanda, "se publicó un anexo al reglamento de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en el que sin tapujos se permitió una posible 'actualización' de los documentos de las candidaturas a la Secretaría General, así como de pequeños cambios que pudieran darse en las candidaturas y listas".
"Tenemos un proceso electoral que se inicia con unas reglas, en el que se presentan ilegítimamente un candidato a la Secretaría General incumpliendo el Código Ético, y tres candidatas con la misma incompatibilidad al Consejo Ciudadano Estatal que se interrumpe con el Estado de Alarma, se reinicia, sin previo aviso, con unas nuevas reglas, dictadas por los máximos órganos del partido habiendo formado el Equipo Técnico, responsable del proceso de primarias, con candidatos de la Lista presentada por el secretario general, Pablo Iglesias", añade el escrito.
"Irregularidades en el censo y los avales"
El escrito sostiene también que el censo se cerró teóricamente el día 1 de marzo, oficializando así el número de personas inscritas en el Partido que podían votar, y cumpliendo el Calendario oficial de la Asamblea. "Lo que no se supo durante el tiempo en el que mantuvieron en suspenso el proceso, es que el censo, que el Reglamento obligaba a cerrar el 1 de marzo, había sido abierto de nuevo, en silencio, por el Equipo Técnico y lo cerró el 2 de mayo", apunta.
"La Dirección del partido, cometió una grave irregularidad que fue mantener abierto el censo de inscritos y votantes, en secreto, cuando, con anterioridad había dictado una reglamento que disponía expresamente el cierre del censo de votantes durante el período de suspensión de la Asamblea, lo cual supuso, no solo vulneración del Reglamento, sino una infracción grosera de las reglas de la buena fe y del principio de igualdad de oportunidades que debe presidir cualquier proceso electoral, máxime cuando es la misma Dirección del Partido, integrante de una candidatura, la única que controla el censo, en el sentido de que sólo ella sabe quiénes lo conforman y desde cuándo, y todos los detalles, lo que hace aún más grave la irregularidad", denuncia el escrito.
"No se ajusta", añade, "a los más elementales parámetros de transparencia y democracia que jamás ningún candidato a cualquier tipo de cargo orgánico, conozca, al igual que lo conocen los miembros de la ejecutiva, dirigida por Pablo Iglesias, cuál es el censo de votantes. Si este hecho se produjese en cualquier país latinoamericano o incluso en cualquier Estado miembro de la UE, se le acusaría de dictatorial e inconcebible en una democracia".
La demanda señala además que "los requisitos del aval de los candidatos se endurecen en el Reglamento creado ad hoc para la Tercera Asamblea, con la única finalidad de poner más dificultades a los posibles candidatos no oficialistas. Pero, lo que es peor, este aumento en el número de avales no viene contemplado en ninguno de los documentos organizativos del Partido, lo que, aparte de vulnerarlos, se produce con ello, una grave conculcación del derecho fundamental a la participación de mi representado y de cualquier afiliado".