Nueva chapuza de la Generalidad, que no dispondrá de la totalidad de las neveras adquiridas para transportar la vacuna contra el coronavirus hasta el 17 de febrero, según consta en el contrato de adquisición. Para paliar ese déficit, la compañía a la que se le han comprado las cajas isotérmicas ha ofrecido a la administración autonómica 250 contenedores para el transporte de la vacuna en régimen de alquiler, pero son insuficientes para acometer el plan de vacunación que había previsto la consejería de Salud.
La Generalidad formalizó el pasado 20 de diciembre la compra de 1.500 neveras para el transporte de la vacuna de Pfizer Biontech -que requiere de un complicado mantenimiento en frío para ser eficaz- a pesar de que se sabía desde semanas antes de sus especificidades de almacenaje y transporte. El coste fue de 502.150 euros, según cuenta Crónica Global. Pero el proveedor, la empresa Urbex Express, advirtió a la administración catalana de que podría enviar 500 neveras hasta el 31 de enero y que el resto llegarían el 17 de febrero como fecha tope.
El argumento esgrimido para esos plazos es la alta demanda de contenedores con las características adecuadas para transportar la vacuna. Conocedora de esas condiciones, la Generalidad las aceptó. Sin embargo, adujo que las neveras estaban atrapadas en el paso de Calais por culpa del Brexit para justificar que en siete días sólo se hubiera vacunado a seis mil de las sesenta mil personas previstas.
Dada la falta de neveras para transportar la vacuna hasta las residencias, las 65.000 dosis de la primera semana permanecen en el Banco de Sangre, cuyos responsables aseguran que disponen de capacidad para afrontar el almacenaje de hasta un millón de dosis.
A la falta de neveras se une también el de sanitarios para administrar la vacuna, aunque la Generalidad dice que pasadas las festividades navideñas se normalizará la situación. La consejería de Salud, en manos de la republicana Alba Vergés, tenía previsto proporcionar la primera dosis de la vacuna a más de cien mil personas en dos semanas, entre ancianos y personal que les atiende. Ahora se queja de que el consentimiento de los familiares está ralentizando el proceso.