Denuncian un funeral con más de setecientas personas en una mezquita de Tarragona

Nuevo incumplimiento flagrante de las restricciones decretadas por la Generalidad a cuenta de la pandemia. Tras la "rave" de Llinars del Vallés, en Barcelona, que la policía autonómica ha desalojado después de más de 36 horas de fiesta masiva, ha trascendido un funeral en una mezquita de Tarragona con más de setecientas personas, hecho que también fue puesto en conocimiento de los Mossos por los vecinos.

La policía autonómica detectó que fuera de la mezquita de Entrevías había unas trescientas personas y algo más en el interior del oratorio, cuya capacidad es de 160. Como es obvio, no se respetaban las medidas de distancia social recomendadas para evitar contagios de coronavirus.

Los Mossos interrogaron al imán y a familiares del finado para determinar con exactitud los hechos y tramitar la denuncia, que además de por incumplir la distancia de seguridad incluirá el exceso de personas y la falta de ventilación en el interior de la mezquita.

Ya sucedió en El Vendrell y Lérida

No es la primera vez que los Mossos investigan reuniones de fieles musulmanes que contravienen las disposiciones gubernativas para frenar la pandemia. Durante la primera fase y en la localidad tarraconense de El Vendrell se llevó a cabo un multitudinario rezo en la calle a pesar de que estaba prohibido salir a la calle. El alcalde de la localidad negó que él hubiera autorizado el rezo callejero, tal como apuntaron fuentes de la policía local, que además regularon los accesos al rito.

Días después, un grupo de musulmanes volvía a romper el confinamiento domiciliario en Lérida. Cinco individuos llamaron a la oración desde la catedral de la ciudad catalana. No consta que ni en El Vendrell ni en Lérida se impusieran sanciones.

El gobierno catalán se mostró muy molesto con un funeral por los fallecidos por el coronavirus celebrado en la basílica de la Sagrada Familia, a pesar de que se cumplieron todas las medidas de seguridad. Y volvió a exhibir su malestar con el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, a raíz de la misa de beatificación de un mártir de la Guerra Civil, aunque de nuevo volvían a cumplirse las medidas establecidas por las autoridades autonómicas. Se amenazó incluso con una multa al arzobispado de la que de momento no se tiene constancia.