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Concluye la legislatura basura del 'Parlament' catalán, dos años y medio de postureo separata

Los partidos independentistas han convertido la cámara autonómica en un circo al servicio de personajes como Quim Torra.

Imagen de la fractura total en el Parlamento catalán | EFE

Concluyó la XII legislatura del Parlamento catalán. Por primera vez en sus cuarenta años de historia, la cámara se disolvió de manera automática tras agotarse el plazo de dos meses para investir a un nuevo presidente tras la inhabilitación de Torra. Las próximas elecciones autonómicas se celebrarán, si el coronavirus lo permite, el próximo 14 de febrero.
Lo mejor de la legislatura es que ya ha terminado. Han sido dos años y medio de ridículos espectáculos separatistas, de broncas entre independentistas, de parálisis y bochorno. De entrada, hubieron de pasar más de cinco meses entre las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y la proclamación de un nuevo presidente, el 17 de mayo de 2018. Los comicios fueron ganados por Ciudadanos, pero Inés Arrimadas renunció a presentar su candidatura porque la suma de los votos constitucionalistas no alcanzaba la mayoría.

El prófugo Carles Puigdemont aprovechó la circunstancia para dar paso a un largo de periodo de inestabilidad mientras retaba a sus "socios" de ERC a investirlo de manera telemática y en contra de las disposiciones judiciales. Más que un pulso con el Supremo o el Constitucional, el expresidente de la Generalidad libró un desafío con el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, que evitó incurrir en cualquier supuesto delictivo para dar satisfacción a las pretensiones de los posconvergentes.

El tira y afloja incluyó el intento de investidura de Puigdemont más el de los presos Jordi Turull y Jordi Sànchez, iniciativas con las que Junts per Catalunya (JxCat) mantuvo el comienzo de la legislatura en un puño.

En manos de un activista hiperventilado

A primeros de mayo se descubría el nombre del tapado, Quim Torra, un activista hiperventilado bien visto por la CUP, cuyos votos seguían siendo imprescindibles para dar vía libre a la investidura, igual que cuando se cargaron a Artur Mas en favor de Puigdemont en la legislatura anterior, la que concluyó con el golpe de Estado.

Investido Torra, el Parlament no inició precisamente la actividad que se supone en una cámara legislativa. Los diputados fugados y presos de JxCat se negaron a delegar el voto, con lo que la mayoría independentista no era tal. La cámara catalana era a ratos un circo y a ratos un manicomio plagado de discursos inflamados, órdagos y desafíos de cara a la galería. Y todo eso en medio de la guerra entre JxCat y ERC. En una convulsa sesión el 4 de octubre de 2018, luego de que la cámara hubiera estado cerrada durante tres meses por las desavenencias entre separatistas, la todavía líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas declaraba: "Se han cargado el Parlament y se están cargando Cataluña. No puede durar más esta gran mentira. Indignación, vergüenza y tristeza por lo que el separatismo le está haciendo al Parlament". En la recta final de aquel año, Torra se pondría a dar voces en la cámara cuando la oposición le pidió que controlara a los Comités de Defensa de la República (CDR) de cara a la celebración en Barcelona de un Consejo de Ministros programado por un Pedro Sánchez que pensaba que podía hacer entrar en razón a los dirigentes de JxCat, con Puigdemont y su vicario Torra a la cabeza.

A esas alturas, Puigdemont mantenía las riendas de su grupo en la cámara y el control de la parte posconvergente del Govern. Todas las decisiones de esos ámbitos pasaban por Waterloo, punto de peregrinaje constante de Torra y los diputados de la cuerda de JxCat.

La inocentada de Puigdemont

Puigdemont aún no había renunciado a la presidencia, de tal modo que 2018 se abría con un delirante mensaje del prófugo. El día no podía estar mejor elegido, 28 de diciembre. Y el mensaje decía así: "Si el Parlamento me inviste, yo tomaré posesión del cargo y volveré a Cataluña. Entraré en Cataluña como presidente de la Generalidad. Abiertamente. No de manera clandestina. Eso sería un conflicto europeo y volvería bien acompañado y de demócratas europeos para que fuesen testigos si en la Europa del siglo XXI se impide o no a un presidente elegido por un parlamento democrático ejercer las funciones que le corresponden legalmente".

No fue el caso. ERC le había dado la espalda y 2019 sería el año del juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo, otra excusa para mantener el Parlament bajo mínimos. En medio del proceso, lo más destacado en la cámara fue a primeros de marzo que los grupos separatistas Junts per Catalunya, ERC, la CUP y la facción catalana de Podemos aprobaron la creación de una comisión para investigar al Rey, a su padre y otros familiares. Tras haber reprobado a Felipe VI semanas atrás, los partidos separatistas dieron un paso más. Pretendían utilizar como material probatorio las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein obtenidas por el excomisario Villarejo. Cualquier cosa menos legislar.

No fue hasta el 17 de mayo que la situación de los separatistas en el Parlament comenzó a normalizarse. Aquel día, los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull formalizaron su renuncia al escaño de diputados autonómicos para poder recoger el acta que les acreditaba como parlamentarios en el Congreso. El trámite propició que los grupos separatistas recuperasen la mayoría en el Parlament, cuyo funcionamiento mantenían a medio gas ante el riesgo de naufragio de sus iniciativas.

Condenas y violencia extrema

El último trimestre de ese año vino marcado por las condenas a los golpistas y la reacción violenta del separatismo, que convirtió Barcelona en un campo de batalla donde los dirigentes separatistas jaleaban las algaradas y los ataques a la Policía Nacional y los propios Mossos. En paralelo se sustanciaba la inhabilitación de Torra por haber desobedecido a la Junta Electoral cuando le mandó retirar una pancarta de apoyo a los golpistas colgada en la fachada de la Generalidad durante la campaña de las municipales celebradas en mayo.

2020 se abrió con un Parlamento puesto al servicio de los números de Quim Torra. El 4 de enero las huestes separatistas tomaron el parque de la Ciudadela al asalto ante la pasividad de los Mossos. Unas dos mil personas se plantaron delante de la cámara para apoyar a Torra, que había solicitado la celebración un pleno extraordinario para oponerse a su inhabilitación.

Costaría retirar el acta de diputado a Torra. El presidente de la cámara, el referido Torrent, se las vería y desearía mientras el ya expresidente se subía por las paredes y se declaraba aparentemente en rebeldía. El estallido de la pandemia cambiaría el guion. El Parlament y las aventuras de Torra pasaban a un segundo plano, aunque el pleno estado de alarma y confinamiento la cámara no tendría mejor ocurrencia que aprobar las disposiciones legales necesarias para blindar las pensiones de los expresidente autonómicos y una subida de sueldo para los altos cargos.

La lenta agonía parlamentaria

Pasada la primera oleada del coronavirus, el separatismo con Torra a la cabeza volvió a las andadas parlamentarias con un pleno en agosto en el que se exigió la abdicación del Rey. Los letrados de la cámara se negaron de entrada a publicar las resoluciones de aquella delirante sesión, lo que propició un conflicto que duraría semanas y acabaría con una publicación parcial de la reprobación a la Corona, lo necesario para quedar bien delante de la galería.

Se celebraban los cuarenta años de parlamento autonómico cuando el separatismo volvió a mostrar su cara más intolerante. En un reportaje de TV3 una de las camareras del bar del hemiciclo era entrevistada y respondía a las preguntas en español. El separatismo tuitero salió en tromba a pedir el despido de la trabajadora. El episodio era un resumen de dónde había quedado anclado el independentismo tras el golpe de Estado.

El 28 de septiembre era inhabilitado formalmente Torra. La violencia volvía a las calles. Los CDR arrojaban cabezas de cerdo a los Mossos. El ya expresidente enfilaba el camino del retiro. Su partido obligaba a Pere Aragonès, el vicepresidente del Govern y segundo de Junqueras, a presentarse como "vicepresidente en funciones de presidente", no como presidente en funciones. La legislatura agonizaba. El espectáculo, cada vez más pobre y triste, estaba a punto de acabar. Ayer lunes se bajó el telón.

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