La inmersión lingüística, el modelo de "éxito y consenso" de la enseñanza catalana según la propaganda nacionalista, es rechazado por una aplastante mayoría de ciudadanos de Cataluña, según una encuesta encargada por Sociedad Civil Catalana a la consultora de investigación social y comunicación GAD3. Según el estudio, sólo el 9% de los catalanes avala la inmersión, mientras que el 64% prefería un sistema educativo trilingüe (catalán, español e inglés) y un 21%, bilingüe, en español y catalán al cincuenta por ciento. Además, el 61% está de acuerdo o muy de acuerdo en que los alumnos tengan que realizar una prueba común de nivel de español al final de la ESO.
Los resultados abundan en la línea expresada por dos cuentas anteriores realizadas en 2015 y en 2017 y que reproducen una imagen prácticamente estable de la cuestión lingüística en Cataluña tras más de cuatro mil entrevistas.
El trabajo demoscópico apunta también que el 60% de los catalanes considera que "la primera lengua de contacto educativo debería ser la lengua de los padres", derecho amparado por la Unesco que la Generalidad se ha negado a respetar por sistema. Del sondeo se deduce además que la mayoría de los ciudadanos considera insuficiente el blindaje judicial del español en la enseñanza que se infiere de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a dar en español la asignatura de lengua española así como una o dos troncales más hasta completar un 25 por ciento del horario.
La encuesta también revela que un 21,4% de los ciudadanos se han sentido discriminados en Cataluña por razones lingüísticas y que el 81,9% está en contra de que la Generalidad multe a los establecimientos comerciales que no rotulen en catalán.
Sociedad Civil Catalana ha presentado esta encuesta a los grupos políticos del Senado. Al término, el presidente de la entidad constitucionalista, Fernando Sánchez Costa, ha manifestado que "lo que esta encuesta revela es algo tan sencillo como que los catalanes quieren la mejor educación para sus hijos, y saben que eso está muy lejos del sistema de imposición monolingüe blindado por la Generalidad". En cuanto a la ley Celaá, ha destacado que "el Gobierno todavía está a tiempo de escuchar la voz de la ciudadanía catalana y garantizar el carácter vehicular del español".
Sánchez Costa ha comparecido junto a la presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, quien ha apuntado que la encuesta refuerza la sentencia del TSJC y ha pedido que la Generalidad adopte de inmediato las medidas para cumplir dicho fallo.