El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está perdiendo la paciencia con la Fiscalía Anticorrupción tras 5 años de instrucción del caso Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A). En esta causa, se investiga la adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de empresas o la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.
En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado acuerda el sobreseimiento de la imputación de un directivo de la empresa Acciona, concretamente de Justo Vicente Pelegrini, afirmando que "resulta insostenible". Dicho directivo fue imputado en relación a la planta desalinizadora construida en la localidad de Torrevieja (Alicante), cuya ejecución se demoró 7 años, "con el correspondiente sobrecargo e incremento para las arcas públicas".
La defensa del directivo sostenía en un escrito que su imputación se basaba en que durante gran parte del periodo de ejecución de las obras de construcción de la desaladora de Torrevieja ocupaba el cargo de director general del Área de construcción de Acciona Infraestructuras para España, Portugal, el resto de Europa y África y que "no tenía conocimiento detallado de lo que se ejecutaba en cada una de esas obras, atendida su posición jerárquica en la empresa".
La fiscal Anticorrupción de la causa Inmaculada Violán no compartía los argumentos de la defensa y pedía al juez que mantuviera su imputación apuntando que "Justo Vicente Pelegrini se habría valido de la relación que mantenía con los máximos responsables de este contrato en Acuamed, para obtener ventajas económicas a favor de la contratista".
Según la Fiscalía, "era la persona directamente encargada, en colaboración con Arcadio Mateo (director general de Acuamed) y Gabriela Mañueco de planificar los pasos a seguir hasta obtener los Importes "mínimos" que la IDAM TORREVIEJA UTE reclamaría, aun no estando justificados, pactando con responsables de Acuamed los supuestos excesos de medición y supuestos sobrecostes originados, al margen de la opinión técnica de los expertos designados por Acuamed que venían encargándose de la obra con anterioridad y de los que Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco finalmente prescindieron".
El instructor muestra su total desacuerdo con los argumentos de la fiscal Anticorrupción y recuerda que la acusación contra Justo Vicente Pelegrini "se basa, en esencia, en su participación en la trama de sobrecostes que, según sostiene el Ministerio Fiscal, se urdió por la UTE constructora de la desalinizadora de Torrevieja con la complicidad de la empresa pública Acuamed, y que posteriormente fueron aprobados por esta última sociedad, a quien la UTE reclamó los sobrecostes".
"La existencia de estos sobrecostes en la construcción de la desalinizadora, resulta, por el momento, una sospecha, pues aun a pesar de la arbitrariedad, y la falta de justificación sostenida por el Ministerio Fiscal, no se ha completado la pericial que justificaría la diferencia real entre los sobrecostes justificados por la UTE, y aquello que el Ministerio Público entiende que fueron ficticios. Al igual que en el supuesto al que se ha hecho referencia en el fundamento anterior, transcurridos más de cinco años desde el inicio del procedimiento, la imputación del Sr. Vicente Pelegrini en estas condiciones resulta insostenible", afirma el magistrado.
La imputación es contraria "a la presunción de inocencia"
El magistrado de la Audiencia Nacional insiste en el mismo auto que "puede inferirse que existen indicios racionales de un concurso de voluntades entre los altos cargos de Acuamed y los responsables directos de la ejecución de la obra, pero el salto cualitativo y cuantitativo que representa la participación directa del Sr. Pelegrini en la actuación, resulta, en este momento, difícilmente sostenible".
"Mantener la imputación de Justo Vicente Pelegrini sería contrario al principio de culpabilidad (no hay prueba alguna de dolo o culpa) y de la presunción de inocencia (no existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión de y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos). Por el contrario, validaríamos el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma. Por estos razonamientos, procede el sobreseimiento provisional", concluye el juez.
Fuentes del caso consultadas por LD apuntan que el caso Acuamed ha entrado en un punto muerto después de 5 años de investigación: "Se está desinflando", apuntan. Además, la desimputación del directivo de Acciona podría abrir la puerta a la exoneración de otros imputados como del que fuera director general de Acuamed, Arcadio Mateo, con el que supuestamente colaboraba Justo Vicente, según la Fiscalía, para cometer los presuntos delitos investigados.