El ala socialista del Gobierno no da abasto para atender a los diferentes frentes de batalla que le ha abierto Podemos: la comisión sobre el rey emérito, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el decreto de los desahucios, la reapertura de la causa sobre Arnaldo Otegi... asuntos todos ellos sobre los que la formación morada ha aprovechado para criticar abiertamente al PSOE y al Gobierno, lo cual ha motivado la respuesta de la facción mayoritaria del Gobierno pidiendo el cese de las hostilidades.
La guerra del SMI
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la portavoz, María Jesús Montero, como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, utilizaron las mismas palabras para referirse a las críticas y exigencias de Unidas Podemos sobre dos temas bien distintos: "llamamiento a la prudencia y tranquilidad". En primer lugar, sobre la nueva batalla que se ha abierto en el seno del Ejecutivo: la subida del SMI. Una batalla que enfrenta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y a la de Hacienda, María Jesús Montero, con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha comunicado este martes a los agentes sociales que "no se plantean un congelación del salario mínimo".
Con un mensaje distinto se pronunció Montero desde el Palacio de la Moncloa: "Nos encontramos en un momento, en una situación en la que el contexto de la pandemia sanitaria ha provocado una crisis económica, por lo tanto, hay que hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas". Como hizo previamente el portavoz socialista, Rafael Simancas, desde el Congreso, Montero abogó por dejar el asunto "en la mesa del diálogo social, escuchar al conjunto de los empresarios y sindicatos" y recordó que "Pedro Sánchez ha subido un 29% el SMI en los años que ha gobernado".
Pero los llamamientos a la responsabilidad caían en saco roto en el grupo parlamentario morado en el Congreso donde su portavoz, Pablo Echenique, doblaba la carga ideológica para presionar al Ejecutivo bajo el argumento de que "todos los economistas neoliberales dijeron que eso iba a ser el Apocalipsis trágico y resultó que no. Es falso, es mentira".
Ofensiva contra la Corona
Pero éste sólo es uno de los fuegos que el PSOE ha intentado hoy apagar o al menos, amainar. La otra cuestión no menor ha sido la creación de una comisión sobre el rey emérito Juan Carlos I a la que el PSOE ha votado en contra junto a PP y Vox, provocando el rechazo de sus socios de coalición quienes se declararon "estupefactos". El diputado morado Gerardo Pisarelo denunció que esta decisión "degrada al Congreso y supone reírse en la cara de la ciudadanía".
Unas críticas por las que tuvo que salir al paso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al término del Consejo de Ministros llamando nuevamente a la "tranquilidad y a la prudencia". Al ser preguntado por la regulación de la Corona, Campo alertó de que, si no actúa con serenidad "puede derrumbarse todo el sistema" y es necesario que "no disparemos sin tener muy claros los perfiles porque podemos hacernos más daño".
Quien ostenta el cargo de notario mayor del Reino alertó de que "estamos jugando con la idea del modelo de Estado" y eso, en el modelo constitucional, es "como la clave de bóveda, podemos quitar una pieza y derrumbarse todo". Un mensaje al que se sumó la ministra portavoz pidiendo "respeto institucional" y defensa de la Constitución "desde el primer artículo al último como ha recordado recientemente el presidente".
... Y los desahucios
El otro asunto que ocupa y preocupa a ambas partes de la coalición es el decreto de los desahucios que provocó notables hostilidades hace unas semanas hasta el punto de motivar el ultimátum temporal de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para extender la prohibición de los desahucios a 2021 en los próximos quince días. El decreto no ha sido aprobado en este Consejo de Ministros y la intención es que pueda aprobarse el próximo martes 22 de diciembre aunque todavía no hay un acuerdo. Ante la presión de Podemos, la ministra de Hacienda explicó que "la pretensión es que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de que termine este año. Quedan pocos Consejos de Ministros así que estamos trabajando con celeridad para que haya un acuerdo de amplio consenso".
Pero para ello, Podemos exige contemplar la prohibición para el corte de los suministros en personas vulnerables. Montero anuncio en este sentido: "Puedo confirmar que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, está trabajando en una disposición adicional dentro de alguna de las leyes que se están tramitando en este momento para garantizar que ningún consumidor vulnerable va a tener ningún problema con el corte del suministro". Un inclusión con calzador de las exigencias de Podemos para cerrar al menos uno de los múltiples frentes en los que "disparan" unos socios de la coalición contra los otros.