Ciudadanos, Partido Popular, Vox y otras formaciones como dCide e Izquierda en Positivo han decidido sumarse a las manifestaciones con el lema "La enseñanza, también en español" convocadas por la Asociación por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) para el próximo domingo día 20 en Barcelona y Tarragona.
Además, las entidades cívicas más importantes del constitucionalismo han suscrito el manifiesto elaborado por la AEB contra la ley Celaá y a favor de la restitución de la condición de vehicular en la enseñanza para el idioma español. Las entidades son: Impulso Ciudadano, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Foro de Profesores, Asociación por la Tolerancia, Catalunya por España, Convivencia Cívica Catalana, Empresaris de Catalunya, Universitaris per la Convivència, Aixeca’t, Líneas Rojas, Alternativa Ciudadana Progresista, AMES, Profesores por el Bilingüismo, Focat, Tabarnia Libre y Asociación Nacional de Tabarnia.
Debido a la pandemia, las manifestaciones se realizarán en coche y la AEB aclara que ante las dudas generadas sobre la posibilidad de acudir desde otros municipios a las marchas de Barcelona y Tarragona los derechos de reunión y participación política están exentos de las restricciones de movilidad decretadas. Así pues, quien desee participar en las marchas podrá cambiar de comarca.
En el caso de Barcelona, la marcha de vehículos comenzará a las doce del mediodía en la plaza de Francesc Macià y en dirección a la plaza de Cataluña. En Tarragona, la caravana saldrá a la misma hora del aparcamiento del barrio de Bonavista y en dirección a la plaza Imperial Tarraco.
Discriminación a los alumnos de Cataluña
En cuanto al manifiesto, la AEB denuncia que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que suprime la condición de lengua vehicular y oficial del español en el sistema educativo pretende "blindar el modelo de inmersión lingüística obligatorio en catalán; impedir que los proyectos lingüísticos de los centros educativos den un tratamiento equilibrado a las lenguas oficiales; y facilitar el control lingüístico de los equipos directivos de los centros educativos sobre las actividades que desarrollan los alumnos en todo momento, esto es, tanto en los períodos escolares como extraescolares para dominar la lengua de interrelación en el patio, por ejemplo".
El texto sostiene además que la ley discrimina a los alumnos de Cataluña: "En el sistema educativo español la lengua oficial del Estado debe ser lengua de enseñanza y en aquellas Comunidades Autónomas en las que hay otras lenguas oficiales, éstas también deben ser lenguas de comunicación y docentes. Por lo tanto, de conformidad con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña los alumnos catalanes tienen derecho a ser escolarizados en las dos lenguas oficiales (catalán y español) en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y en aranés en el Valle de Arán".
Modelo de convivencia inexistente
La AEB denuncia que "ese modelo de convivencia lingüística no se da en la práctica en Cataluña. Los niños no reciben enseñanzas en español en la educación infantil y sólo a partir de los seis años, en la inmensa mayoría de los casos, se les imparte la asignatura de lengua castellana sin ninguna otra materia no lingüística en castellano. La situación es especialmente discriminatoria para los niños de lengua materna castellana (más de la mitad de los alumnos) que no pueden ser escolarizados con normalidad en su lengua, lo que es contrario a las recomendaciones de la UNESCO y a las Convenciones suscritas por España. Ello, al margen de las consecuencias que ese modelo excluyente tiene para sus resultados escolares".
Los firmantes del manifiesto rechazan la LOMLOE "por conculcar los derechos fundamentales de los alumnos catalanes y amparar un proyecto uniformador de corte nacionalista identitario para Cataluña" y abogan "por un sistema educativo español que respete la pluralidad lingüística de nuestro país y que sirva para formar a los alumnos con políticas integradoras y de convivencia". Asimismo, defienden "de igual manera un modelo educativo que responda a la realidad y pluralidad de la sociedad catalana, en el que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares de enseñanza, junto con el aranés en el Valle de Arán".
También apelan "al sentido de la responsabilidad de los legisladores para que no cedan a las veleidades de minorías que trabajan para quitar derechos lingüísticos en el sistema educativo" y piden que el Congreso legisle a favor de los derechos lingüísticos de los alumnos y que no se dejen chantajear por aquellos que quieren imponer un modelo excluyente y rígido y que declaran su hostilidad manifiesta hacia la lengua castellana apelando insensatamente a la hegemonía territorial del catalán".