El Tribunal Supremo se encuentra a un paso de rechazar los indultos que tramita el Gobierno para los golpistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O tras revocar su tercer grado por considerarlo "prematuro" y denegarles a su vez la aplicación del artículo 100.2 del Régimen penitenciario de semilibertad la semana pasada.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la argumentación expuesta por la Sala que preside el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en ambas decisiones "es clave" y en realidad, anticiparía el que va a ser el más que posible dictamen del Alto Tribunal sobre los indultos. El informe del Supremo, al igual que el de la Fiscalía, es preceptivo, pero no vinculante.
En los respectivos autos, el Supremo revocó el tercer grado a los 9 golpistas encarcelados destacando que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.
Los magistrados recalcaban que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena es excepcional y exige "una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena". La Sala estimaba así los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalidad de Cataluña y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de manera que deberán continuar en segundo grado.
El Supremo también rechazaba la aplicación del artículo 100.2 del Régimen penitenciario que otorgaba la semilibertad a los golpistas porque no se había apreciado "vinculación alguna" con el proceso de reinserción social de estos penados, de forma que la misma sea adecuada a su situación actual. "Esa falta de conexión entre el programa de tratamiento y los delitos cometidos hace injustificable un régimen de semilibertad", añadía la Sala.
Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que esos razonamientos jurídicos del Supremo "sientan las bases" del previsible rechazo a la medida de gracia que estudia el Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, si el Supremo ha negado la semana pasada el tercer grado a los golpistas por ser "prematuro", un mes o dos meses después cuando se pronuncien sobre los indultos, los magistrados van a considerar esta medida de gracia igualmente prematura.
En la actualidad, se han registrado al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras; los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidendente de la ANC, Jordi Sànchez; y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. De dichas solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados.
Tal y como avanzó este diario, la Fiscalía rechazará con "dureza" los indultos en su informe al considerarlos "arbitrarios" y que se "desvían de la Ley". Tampoco se descarta que el Ministerio Público vuelva a sostener en su dictamen que los golpistas cometieron un delito de rebelión y no de sedición. También se deberá pronunciar la Abogacía del Estado.
Cabe destacar que los indultos serán determinantes en la negociación que el PSOE y el PP realizan en la actualidad para renovar el CGPJ. Tal y como publicó LD este lunes, tras no cumplirse la previsión de anunciar un acuerdo para el Día de la Constitución, ahora todo parece indicar que la siguiente fecha clave en el calendario para cristalizar el acuerdo entre socialistas y populares podría situarse tras las próximas elecciones autonómicas en Cataluña del próximo 14 de febrero.
"La rebaja de la sedición no afecta a la malversación"
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia sigue trabajando en la reforma del Código Penal para "armonizar" el delito de sedición en España con el resto de países europeos. En la actualidad, la sedición cometida por un cargo público acarrea una pena de prisión de entre 10 a 15 años. Con la reforma, la pena de prisión podría bajar hasta los 5 años.
Sin embargo, tal y como publicó Libertad Digital en enero, la malversación será el "principal escollo" para excarcelar a los golpistas tras suavizar la sedición. En este contexto, las fuentes jurídicas consultadas apuntan que "la rebaja de la sedición no afecta a la malversación". Por tanto, en el caso concreto del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación, su pena final que el Supremo está obligado a revisar podría situarse finalmente en 8 años.