El enigma del traslado de inmigrantes: de la opacidad del Gobierno a la connivencia de Cruz Roja

La llegada de más de 200 inmigrantes a Granada procedentes de Canarias ha destapado un escándalo del que nadie en el Gobierno parece saber nada. Fuentes policiales han confirmado a Libertad Digital que la lista de ciudades a las que han viajado los sin papeles procedentes del archipiélago ascendería a nueve y el Sindicato Unificado de la Policía incluso ha dado cifras concretas de los ilegales que han aterrizado en algunos destinos en los últimos días: 100 en Alicante y 300 en Valencia.

A pesar de ello, el Gobierno se lava las manos, tanto oficial como extraoficialmente. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha puesto en duda la fiabilidad de las informaciones que han aparecido en los medios al respecto y ha defendido la transparencia con la que, según dice, siempre actúa el Ejecutivo. "Estoy convencida de que, cuando esa información esté disponible, se la facilitarán, como viene haciendo el Gobierno siempre y en cada momento", ha respondido ante las insistentes preguntas de los periodistas.

La realidad, sin embargo, parece bien distinta. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con el Ministerio del Interior como con el de Migraciones para tratar de aclarar todas las dudas que suscita esta polémica y ambos han demostrado que su voluntad está lejos de la que presume Montero. Desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska se han limitado a despachar la lista de preguntas planteadas por Libertad Digital con la misma frase que hoy se puede leer en todos los medios: "Interior no gestiona ni organiza traslados".

El equipo de José Luis Escrivá se ha esforzado un poco más, pero tampoco ha resuelto las grandes incógnitas que plantea el traslado de inmigrantes a Granada y a otras ocho ciudades más de la península. Tras una breve conversación telefónica, los responsables de prensa nos han instado a enviar por escrito las preguntas que considerásemos oportunas y que, finalmente, han sido las siguientes:

1. ¿Los inmigrantes que han llegado a Granada desde Canarias han sido trasladados por el Gobierno?
2. En caso de que sea así... ¿Se trata de perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables? ¿Se informó previamente de su llegada?
3. ¿A cuántos inmigrantes ha trasladado o reubicado el Gobierno en la península? ¿A dónde? ¿Por qué?
4. ¿Tienen constancia de que pueda haber inmigrantes que cuenten con pasaporte y que se estén moviendo por sus propios medios o con ayuda de alguna ONG?
5. ¿Tienen libertad de movimiento?
6. ¿Se les hace una PCR antes de volar a la península? Ya sabemos que, a su llegada a Canarias, sí.

Escrivá se desentiende del traslado a Granada

Apenas pasados unos minutos, la Secretaría de Estado de Migraciones nos ha remitido una larga explicación genérica en la asegura que el Ministerio "contempla entre sus actuaciones la reubicación de personas con perfiles vulnerables a plazas de atención humanitaria en la península, especializadas para estos casos". Entre ellos, se incluyen "personas enfermas, discapacitadas, provenientes de países en conflicto, víctimas de trata, de violencia de cualquier tipo o perseguidas en sus países de origen". Cuando estos traslados se producen, "se hacen en el marco de la atención humanitaria".

En vista de que su explicación no respondía directamente a ninguna de nuestras cuestiones, hemos tratado de replantearlas. El resto las han esquivado asegurando que no son de su competencia, pero al menos hemos conseguido que nos dijeran algo más sobre el traslado de más de 200 inmigrantes a Granada.

Después de varias preguntas y sus correspondientes evasivas, la respuesta ha sido tajante: "Los traslados de personas migrantes se realizan en el marco de atención humanitaria, que se llevan a cabo en coordinación con todos los actores implicados. Y este no es un traslado de atención humanitaria". Es decir, que, según su versión, el Gobierno no es el responsable de los famosos vuelos a Granada.

Así las cosas, el Ejecutivo sigue sin resolver el enigma que nos plantea todo este asunto: ¿Cómo han llegado a Granada esos 200 inmigrantes ilegales a los que se puede ver en los vídeos que se han hecho virales?

Cruz Roja, la gran facilitadora

El asunto es tan controvertido que nadie se atreve a responder abiertamente, pero lo cierto es que todas las fuentes policiales llevan años apuntando a la connivencia de numerosas ONG que, además, reciben cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno. Entre ellas, Cruz Roja.

Según los agentes que trabajan en Gran Canaria, los familiares envían los pasaportes a estas organizaciones para que, una vez estén en las islas, sean ellos los que se los hagan llegar. Pero es más, el hecho de que la pandemia haya frenado las repatriaciones ha hecho que muchos ilegales se atrevan incluso a llegar con su documentación bajo el brazo. "Como saben que no les van a devolver y con eso se pueden mover, ya están viniendo con su pasaporte", aseguran los policías. Y es que, una vez que llegan a España, tan sólo les pueden retener durante un máximo de 72 horas.

Pasado ese tiempo, aseguran estas mismas fuentes, es habitual ver a los voluntarios de la Cruz Roja acompañar a los inmigrantes al aeropuerto de Las Palmas. En muchos casos, son miembros de esta misma organización los que les esperan en su destino. Aunque en el caso de Granada no se ha podido corroborar, eso es exactamente lo que sucedió, por ejemplo, el pasado jueves en Madrid.

Una veintena de ilegales volaron a la capital justo antes de que la comunidad se cerrase perimetralmente hasta el próximo 14 de diciembre y, según ha confirmado a Libertad Digital uno de los pasajeros que viajó con ellos, a su llegada fueron recogidos por miembros de esta ONG. "Han sido unos facilitadores en toda regla", aseguran los policías.

El descontrol de las PCR

Ahora, la pregunta que se hacen los agentes, y que el Sindicato Unificado de Policía ha plasmado en las misivas enviadas a los Ministerios de Interior y Migraciones, es si en un escenario de pandemia como en el que vivimos, el Gobierno no debería controlar sus movimientos. En este sentido, el SUP ha exigido además al Gobierno que aclare si los inmigrantes que viajan a la península lo hacen con una PCR negativa.

Los ministros han tildado a los agentes de xenófobos por "ligar inmigración y pandemia" e insisten en que todos los ilegales son sometidos a una prueba nada más llegar a Canarias. Sin embargo, el sindicato insiste en que lo importante no es eso, sino si se la han hecho antes de viajar, ya que en los días previos todos ellos se han movido sin ningún control. "Demandar la aplicación de la legalidad y de medidas sanitarias en España no solo no es xenófobo, sino que se llama responsabilidad", aseguran los agentes.