La Fiscalía rechazará con "dureza" los indultos a los golpistas del 1-O en su informe

La Fiscalía rechazará los indultos a los golpistas del 1-O en su informe. El Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo anunciaba a finales de septiembre el inicio de la tramitación de los citados indultos para los 12 condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, tras el "atasco" judicial por la pandemia de la covid-19.

En la actualidad, se han registrado al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras; los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidendente de la ANC, Jordi Sànchez; y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. De dichas solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados.

El primer paso antes de que el ministerio eleve la propuesta de indulto al Consejo de Ministros es la solicitud de dos informes: uno a la Fiscalía y otro al tribunal sentenciador, es decir, el Tribunal Supremo. Dos informes preceptivos no vinculantes jurídicamente pero sí políticamente. La semana pasada la Sala del Supremo que juzgó a los golpistas dictaba una providencia para dar traslado a la Fiscalía en estos días del expediente de los indultos, para recabar el informe del Ministerio Fiscal. Concretamente de los cuatros fiscales del 1-O, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que la Fiscalía "rechazará con dureza los indultos por ser arbitrarios y desviarse de la Ley". Además no se descarta que el Ministerio Público vuelva a defender en su informe que durante el golpe del 1-O se cometió en realidad un delito de rebelión y no de sedición. Dicho informe hará muy difícil sostener jurídicamente un hipotético indulto a los golpistas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "el informe de la Fiscalía podría estar listo la próxima semana". La Abogacía del Estado también tendría que pronunciarse al respecto como parte perjudicada en la causa. Posteriormente, sería el turno de pronunciarse de la Sala que juzgó a los golpistas presidida por el magistrado Manuel Marchena, que recientemente revocó el tercer grado concedido a los golpistas del 1-O y que se les aplicase el artículo 100.2 del régimen penitenciario.

En los últimos días, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, instaba al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a acelerar la tramitación de los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre para garantizar la "normalidad" en las elecciones autonómicas catalanas del próximo 14 de febrero.

No obstante, parece poco probable que el Supremo emita su informe sobre los indultos antes de los comicios catalanes y que el Ministerio de Justicia y el Consejo de Ministros adopten una decisión final al respecto para esas fechas. De hecho, el propio Ministerio de Justicia indicó a finales de septiembre que "la tramitación en su conjunto de los indultos suele superar los seis meses". Es decir, al menos hasta finales de marzo teóricamente no se tendría que adoptar una resolución.

El Supremo revocó el tercer grado y rechazó el 100.2

El Tribunal Supremo revocaba la semana pasada el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalidad catalana a los 9 golpistas condenados por un delito de sedición por el golpe 1-O, al considerar que se trata de una medida prematura. Una decisión judicial que afecta a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Asimismo, rechazaba la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les deniega, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.