El pasado jueves 3 de noviembre teníamos conocimiento de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz había incumplido el protocolo vigente en la Comunidad de Madrid que prohíbe las reuniones de más de seis personas en locales —tanto en exterior como interiores—, si no son convivientes. La cena habría tenido lugar la noche anterior en un local cercano al Ministerio, y habrían acudido hasta 17 personas, según varios testigos presenciales.
Se habría celebrado, además, al mismo tiempo que su compañero de gabinete, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentaba en público las medidas restrictivas del ejecutivo para la próxima Navidad. Unas medidas que el gobierno se ha cansado de remarcar que son imprescindibles para que se puede llegar en condiciones óptimas a la campaña de vacunación, que podría empezar en el mes de enero.
Además del incumplimiento de Yolanda Díaz otros miembros del ejecutivo han decidido hacer suyo el lema de "consejos vendo que para mi no tengo". Uno de los más recientes —y sonados—, fue el que protagonizó la ministra de Educación, Isabel Celáa, cuando el gobierno impuso a la Comunidad de Madrid el estado de alarma, el pasado 10 de octubre y acto seguido cogió un avión que le trasladó de la capital de España a Bilbao. Celáa tuvo incluso que llegar a dar explicaciones en el Senado ante el revuelo político formado: "Temas médicos", justificó que le había llevado a la capital vizcaína, antes de añadir que "yo a Bilbao voy cuando quiero porque es mi casa".
La cuarentena de Pablo Iglesias
Meses antes, y muy criticado por la oposición, fue el hecho de que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, no cumpliera con la cuarentena después de que su pareja, y ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo por coronavirus en el mes de mayo.
A pesar de que Irene Montero padecía la enfermedad, Iglesias siguió con su agenda habitual de trabajo, sin guardar la preceptiva y obligatoria cuarentena para los contactos directos de los contagiados. Para el ejecutivo, la presencia del líder de Unidas Podemos en los Consejos de ministros en estas reuniones era "fundamental para coordinar las políticas sociales necesarias para hacer frente a una emergencia como en la que, por desgracia, se encuentran España y muchos otros países del mundo".
El PP le había acusado previamente de "poner en riesgo a otras personas", y así se lo manifestó en una pregunta parlamentaria en el Senado.
El "caso Armengol"
Aun más flagrante, escandaloso y comentado fue el caso de la presidenta de la Comunidad de las Islas Baleares, Francina Armengol. Incumpliendo su propia legislación regional, fue pillada en un bar a las dos de la madrugada, una hora más tarde del cierre que había por norma había impuesto su propio gobierno para pubs y restaurantes. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre y las explicaciones de la presidenta autonómica no parecieron convencer demasiado a la oposición —por lo rocambolesco de sus argumentos—. El líder del Partido Popular, en Baleares, Biel Company, llegó a pedir su dimisión por "salud democrática", algo que no ha llegado a suceder en ningún momento.
La fiesta de Pedro J. y los actos sospechosos
Sin embargo, probablemente el momento más paradigmático en el que presuntamente se incumplieron todos los protocolos del gobierno anti-coronavirus se vivió en la fiesta del V aniversario del diario El Español del pasado 27 de octubre. En ella, se congregaron en un recinto cerrado más de 150 personas, entre las cuales se encontraba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros tres ministros: Juan Carlos Campo –Justicia–, Margarita Robles –Defensa– y José Manuel Rodríguez Uribes –Cultura–.
También estuvo presente el presidente del Pablo Casado; la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el JEMAD, el presidente de Murcia, Fernando López Miras y el de Castilla La Mancha, Emiliano García Page. También asistió la fiscal general del estado, y exministra de Justicia, Dolores Delgado.
Pocos días después, el día 31 de octubre, la protagonista de la polémica fue la mismísima Carmen Calvo. En el Puente de Todos los Santos prácticamente todas las CCAA decretaron el cierre perimetral de sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus. A pesar de esas prohibiciones, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, no cancelaron sus agendas con varios actos en sus ciudades natales, Córdoba y Granada, respectivamente. Ante la polémica desatada, Calvo decidió finalmente cancelar su viaje "por responsabilidad" y pospuesto sin fecha.
Altos cargos
Pero los incumplimientos de las normativas anti-covid no se circunscriben solamente a los ministros, también altos cargos de la administración han tratado de saltarse sus propias regulaciones. La directora de la Agencia Española del Medicamento fue multada por intentar viajar a Galicia en plena Semana Santa, saltándose el confinamiento a finales del mes de abril.
Según informó El Mundo, María Jesús Lamas, fue parada en un control en la capital cuando se desplazaba en un VTC a la estación de Chamartín para pasar unos días con su familia. Al parecer, Lamas indicó que tenía su residencia habitual en Santiago de Compostela, aunque no presentó ningún documento que lo justificara.