La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se ha reunido esta tarde con representantes de las tres asociaciones de fiscales, Asociación de Fiscales AF, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF. El objetivo del encuentro era analizar el futuro papel del Ministerio Público cuando entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal LECrim que otorgará la dirección de las investigaciones a los fiscales.
Una reforma que según los expertos jurídicos consultados por Libertad Digital es "una barbaridad y un disparate". "La Fiscalía puede investigar en Estados Unidos, no en España y menos con Dolores Delgado de fiscal general del Estado. Este cambio supone introducir un elemento extraño en nuestro sistema jurídico que es diferente al norteamericano y no está preparado para que los fiscales investiguen en lugar de los jueces", denuncian.
Según un comunicado del Ministerio Público, "se pretende reformar su Estatuto Orgánico para dotar a la Fiscalía de un estatus de autonomía reforzada. Se trata de aprovechar la capilaridad de la institución para asegurar el abordaje conjunto de las repercusiones orgánicas, funcionales, operativas, institucionales y de cualquier otra naturaleza que se ven compelidas por el nuevo modelo procesal penal".
Durante el encuentro Delgado ha asegurado que "las y los fiscales españoles estamos decididos a asumir un reto que nos acerca a los modelos de Ministerio Público de los países de nuestro entorno y cuyo éxito precisa de la colaboración de todos".
"El fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía", añadía, "debe ser objeto de tratamiento normativo paralelo al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, con un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que redefina la estructura, competencias y funciones de nuestra institución".
Un "hito ilusionante"
La fiscal general del Estado ha apuntado también que "la reforma procesal exige del compromiso proactivo de todos/as cuantos integramos la institución del Ministerio Fiscal. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma que reviste cierta complejidad y debe ser objeto de estudio y reflexión por parte de quienes estamos llamados a ser los principales actores del nuevo modelo", que ha tildado de "hito ilusionante".
Según el Ministerio Público, "se trata de aprovechar las principales herramientas del Ministerio Fiscal –trabajo en equipo, especialización y estructura territorial– para abordar de forma inmediata y eficaz la importante transformación que se plantea para el futuro".
"Para ello, se constituirán equipos de trabajo formados por miembros de la carrera fiscal, en la que tendrán un papel protagonista el Consejo Fiscal y las asociaciones profesionales. La fiscal general del Estado, como máxima representante de la institución, liderará de forma directa estas iniciativas", concluye la Fiscalía.
Las propuestas de Delgado
Durante la reunión mantenida por videoconferencia, Dolores Delgado ha realizado las siguientes propuestas:
- Autonomía organizativa, con atribución a la Fiscalía de competencias en materia de régimen administrativo y estatutario de los/as integrantes de la carrera fiscal.
- Autonomía presupuestaria, pues la verdadera autonomía organizativa pasa por disponer de un presupuesto propio y de capacidad y medios para su gestión.
- Autonomía normativa para la autorregulación de la institución, lo que implica una capacidad reglamentaria propia en relación al régimen interior del Ministerio Fiscal y su propia organización, similar al CGPJ y a otros organismos con personalidad jurídica propia.
- Autonomía formativa, con la asunción de competencias exclusivas o compartidas con el CGPJ en base a unos objetivos, necesidades y presupuestos propios.
- Reforma del sistema de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado con la instauración de contrapesos que acrecienten su autonomía del Ejecutivo, a quien incumbe la designación conforme al modelo elegido por el constituyente de 1978 y por la mayor parte de los países de nuestro entorno.
- Regulación de las comunicaciones entre el Gobierno y el/la Fiscal General del Estado basada en los principios de transparencia y publicidad, transcripción de las mismas en un registro público y supresión de la posibilidad de que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada a informar ante el Consejo de Ministros.