Unidas Podemos y PSOE han registrado de forma conjunta una nueva Proposición de Ley en el Congreso para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad, lo cual supondría que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo en funciones y se limite al mero trámite ordinario.
Una manera de maniatar al actual CGPJ, con mandato caducado desde hace dos años, cuya esencia defendió públicamente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por ser "el único organismo que no tiene una regulación específica estando en funciones", pero que se ha querido acelerar en los últimos días por la negativa del PP a cerrar el acuerdo sobre la renovación de los órganos constitucionales en el plazo pactado previamente, antes del fin de la simbólica fecha del puente de la Constitución.
Los encargados de pisar el acelerador fueron los vicepresidentes, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, hablaron anoche telefónicamente tras una conversación previa con el presidente, Pedro Sánchez, para darle cauce urgente y sin filtraciones. Como ya viene siendo habitual, el Gobierno redactó el texto y lo remitió a los grupos parlamentarios para que lo registraren en su propia iniciativa legislativa, como ocurrió con la cacicada judicial de reforma del sistema de elección de vocales del Consejo.
Admisión a trámite el 15 de diciembre
Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital lo explican como una forma más de presión al PP para desbloquear esa renovación y adelantan que esta proposición de ley se debatirá en pleno el martes 15 de diciembre, por la vía de urgencia y rompiendo la práctica parlamentaria de la prioridad legislativa de los Presupuestos, que se traduce en que toda iniciativa que se presente después de la entrada y debate de los PGE no se debate hasta el siguiente periodo de sesiones que tocaría en el mes de febrero.
El Gobierno alega que "no hay presión sin horizonte temporal" y "no podemos amagar sin dar", es decir, hay que registrar iniciativas en el Congreso que "nos hagan capaces de actuar, si el PP no cede, hasta sus últimas consecuencias". Hay mucho malestar en el Ejecutivo porque aseguran que "el PP nos dice en privado que están por la labor" de la renovación, que "ayer estuvimos hablando y les comentamos esta iniciativa que les pareció estupendamente. Lo que nos dicen es que se puede llegar" a la renovación, que "el ministro Campo no miente".
Diferencian esta iniciativa de la anterior reforma del Poder Judicial que registraron para rebajar la mayoría necesaria para nombrar nuevos vocales y evitar tener que contar con el PP, pese a que la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que, ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.
Podemos: un paso muy importante"
"Es un paso muy importante y en los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial", han expuesto fuentes de Unidas Podemos para resaltar que, con esta ley, se acabaría, dicen, "con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección".
Las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición exponen en la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al CGPJ en una situación
extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento".
En consecuencia, ven necesario delimitar las atribuciones de los vocales cuando su mandato haya expirado y observan que, a diferencia del poder Ejecutivo o Legislativo, la concreción de esas funciones no está desarrollada de forma conveniente, alegan, en la actual legislación.
"La existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano", deslizan en su iniciativa PSOE y Unidas Podemos.
Por tanto, las facultades de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, "deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones".