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El sumun del 3%: la Sindicatura de Cuentas detecta un sobrecoste de 5.000 millones en unas obras de la Generalidad

La construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona, un pozo sin fondo bajo el manto del cobro de comisiones y con un retraso de diez años.

Una estación del metro de Barcelona. | Pixabay/CC/sangkyun86

Las magnitudes que se manejan en la línea 9 del Metro son espectaculares, pero no porque vaya a ser la infraestructura ferroviaria urbana más larga de Europa si alguna vez concluyen las obras, sino por el dinero evaporado y el retraso acumulado. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña acaba de presentar un informe en el que denuncia un sobrecoste de casi 5.000 millones de euros y un retraso de diez años.

Todavía gobernaba Jordi Pujol cuando la Generalidad encargó a su empresa pública de infraestructuras, que entonces se llamaba Gisa y ahora Infraestructures.cat, la construcción de una línea de Metro desde Santa Coloma de Gramenet hasta la Feria de Barcelona, en Hospitalet, pasando por Badalona, Sarrià, la Zona Franca y el Aeropuerto. Corría el año 2000 y las obras no comenzaron hasta tres años más tarde. En ese momento, la Generalidad confió a otra empresa pública, Ifercat, responsable de las infraestructuras ferroviarias de la administración autonómica, la gestión y el control de los trabajos.

Según el informe de la Sindicatura, hasta el 31 de diciembre de 2016 se adjudicaron 1.093 contratos para la adjudicación de las obras por un monto de 13.102,80 millones de euros, de los que 2.917,76 millones corresponden a adjudicaciones de obra presupuestaria y a sus modificaciones y 9.837,32 millones a los contratos de concesión de obra de las estaciones. También se adjudicaron servicios y suministros por 347,72 millones.

Un 151% más de lo presupuestado

Y según los datos recopilados por la Sindicatura, a final de 2016 el coste de construcción, 6.916,47 millones, superaba en 4.949,01 millones el coste previsto inicialmente en los encargos realizados en 2002. Es decir, un 151% más de lo presupuestado, dinero evaporado bajo el manto del sistema de recaudación nacionalista conocido como el 3%. Precisamente uno de los presidentes de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, se vio obligado a dimitir en 2015 al ser imputado en el expediente sobre el cobro de comisiones por parte de Convergencia a cambio de adjudicaciones de obra pública.

En la actualidad, la línea 9 sólo funciona en sus tramos norte y sur y faltan por construir los enlaces entre La Sagrera y la zona Universitaria. Pero la Generalidad no tiene dinero y está pendiente de un crédito de 740 millones de euros que pidió al Banco Europeo de Inversiones.

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