La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha solicitado apartar a la fiscal que investiga a la formación de Pablo Iglesias por financiación ilegal, delito electoral, blanqueo de capitales o administración desleal. Cánovas pidió su personación como perjudicada y como acusación en el caso. Tras ser rechazada en primera instancia por el instructor Juan José Escalonilla, a petición de la Fiscalía, la negativa fue recurrida y todavía se debe adoptar una decisión final.
Tal y como desveló Libertad Digital, la fiscal de Madrid asignada a este caso en el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Lorena Álvarez Taboada, fue asesora del ministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño, y en la actualidad ha integrado el equipo del Ministerio de Justicia del también socialista Juan Carlos Campo para elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el escrito presentado por Celia Cánovas, al que ha tenido acceso LD, la exsenadora de Podemos afirma que las citadas informaciones sobre la fiscal "son muy graves, pues pueden suponer y conllevar, no sólo el apartamiento de la fiscal Álvarez Taboada del caso –con las responsabilidades en que pudiese haber incurrido– sino la posible nulidad de actuaciones. En efecto, la fiscal cuestionada, por una parte ejerce su ministerio como acusación contra Podemos y, de otra, asesora al Gobierno, del que Podemos forma parte".
"Hay no solamente una colisión de intereses", añade el escrito, "sino una incompatibilidad manifiesta entre ambas funciones, a saber, acusar –en la medida en que lo haga–y asesorar al mismo tiempo, siendo jurídica y políticamente incorrecto y atentatorio a la imparcialidad que debe presidir la figura del Ministerio Público. Su forma de actuar es un tanto restrictiva, pues sólo se limita a centrase en la investigación de Neurona, aparcando el resto de los hechos denunciados, a pesar de los indicios planteados".
Cánovas, que recientemente ha anunciado que será la candidata a la presidencia de la Generalidad de Cataluña por la formación Izquierda en Positivo, recuerda que el artículo 124 de la Constitución Española sostiene que el Ministerio Fiscal tiene por misión velar por "la independencia de los Tribunales" y debe estar sujeto a los principios de "legalidad e imparcialidad".
"Ambas funciones quedan un tanto diluidas en la figura de la fiscal cuestionada. Lo decimos por la impresión que debe dar a la opinión pública, pues, de un lado, está en posición de acusadora en las diligencias abiertas a Podemos y por otro lado lo asesora, pues dicha formación política es parte del Gobierno. No dudamos de la honesta actuación de la representante del Ministerio Fiscal, pero su posición es ambigua y lo único que hace es levantar sospechas y recelos", destaca.
La denuncia no puede considerarse "sospechas y rumores"
En el mismo escrito, la exsenadora de Podemos señala que "si lo que pretendía la Fiscalía General del Estado –y hoy en día se pretende plasmar en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– es dotar de vías de investigación al Fiscal, resulta un contrasentido que, en el caso que nos ocupa, se considere la notitia críminis (aviso de un delito) como meras sospechas, rumores, suspicacias o indicios, y, por ende, no se les da valor digno de investigación".
"Para el Ministerio Fiscal, todo el capital informativo que se ha suministrado es eso, mera información. Creemos que la investigación debe llegar a todos y cada uno de los datos aportados y no ponerle freno. El fiscal no puede ni debe prejuzgar ni descartar nada –salvo, claro está, aquello que resulte, a simple vista, imposible o absurdo–. La actuación del Ministerio Fiscal no solo ha de ser imparcial, sino que ha de parecerlo, no dar la sensación de favoritismos, aunque no sea intencionado", concluye.