La desinformación se ha convertido en una auténtica obsesión del Ejecutivo que salpica todas sus intervenciones públicas, cada vez con más intensidad, y que este jueves ha dado un salto cualitativo ya que, de las palabras, se ha dado paso a los hechos trascendiendo al plano legislativo. En la tarde de este martes, la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que verá la luz verde previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes, según adelantan fuentes de Moncloa a Libertad Digital.
Se trata de un proyecto al que se le da máxima prioridad informativa y que, en la práctica, se traducirá en una nueva mordaza judicial a los medios de comunicación. Lo adelantado este miércoles por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso, dejó en evidencia la voluntad del Gobierno de limitar las filtraciones de investigaciones judiciales "que desgraciadamente aparecen con frecuencia en los medios de comunicación".
La nueva Lecrim supondrá una regulación completa y detallada de la información judicial incluyendo "la limitación de difusión de imágenes de los investigados, testigos, peritos y demás intervinientes cuando éstas no revistan interés informativo", blandiendo el derecho al honor y a la intimidad de los mismos. Y aún más: el anteproyecto de Ley "regulará las comunicaciones con los medios y garantiza su forma de acceso a informaciones con un claro interés social pero también establecerá limitaciones" a los medios de comunicación privados. El Ministerio de Justicia justifica estas injerencias en los medios de comunicación en que la regulación aplicable a la información judicial penal es "pobre y muy mejorable, notablemente obsoleta y alejada de los estándares europeos".
Sin embargo, la clave radica en el quién y el cómo más que en el qué. Quién velará por esos derechos de los acusados, quién decidirá si tienen o no interés informativo y de qué forma se podrá detectar al filtrador si no es a través de la injerencia directa al medio de comunicación que garantiza su anonimato en aras del derecho a la libertad de información. El Ejecutivo no contesta a esas múltiples preguntas que no resolverán hasta no ver completado el segundo cauce en el control de la desinformación: la llamada comisión de la verdad para combatir los bulos y fake news por parte de los medios y que, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dirigirá el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y su secretario de estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Las fuentes consultadas anticipan a LD cierta urgencia de Moncloa para que la comisión contra la desinformación vea la luz verde en las próximas semanas, antes de final de año con el objetivo de constituir formalmente el órgano y sus integrantes y delimitará de forma clara sus competencias y funciones. Entre ellas, cuál será la capacidad del Ejecutivo de interferir en las medios de información privados.