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Campo asegura que Puigdemont y resto de golpistas del 1-O se podrían beneficiar de la reforma del delito de sedición

Según Campo, "si Puigdemont puede ser juzgado, es una nueva normativa y claro, sí se podrían realizar las calificaciones con ese articulado".

Según Campo, "si Puigdemont puede ser juzgado, es una nueva normativa y claro, sí se podrían realizar las calificaciones con ese articulado".
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont | EFE

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el "calendario normativo establece" la reforma de los delitos de sedición y rebelión "antes de final de año", y ha reconocido que esa adecuación del tipo afectaría al expresidente catalán fugado tras el golpe del 1-O, Carles Puigdemont, si fuese finalmente juzgado.

"El no está condenado, por lo tanto a su condena no (afecta). Pero si puede ser juzgado, es una nueva normativa y claro, sí se podrían realizar las calificaciones con ese articulado", ha explicado Campo en una entrevista en La hora de la 1.

A la espera de ver la "redacción final" de la norma, Campo ha señalado que esta reforma también afectaría a los líderes golpistas ya condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Cuando afecta a unos hechos juzgados anteriormente en cuanto al quantum de pena, el tribunal sentenciador hace la valoración de si eso ha cambiado algo la situación o está bien y no hay por qué tocarlo. Es una decisión absolutamente jurisdiccional", sostenía.

Campo, que se ha expresado así tras ser preguntado por cómo avanzan los trabajos de la reforma en el Ministerio, ha revelado que los "estudios están bastante avanzados". Esta adecuación, ha insistido, tiene una "finalidad muy simple: adecuar y armonizar nuestro derecho a países del entorno".

Por otro lado, el titular de Justicia también se ha referido a los indultos, dejando claro que el Ejecutivo no es "proclive o no" a concederlos a los dirigentes golpistas catalanes. Se trata, ha asegurado Campo, de "corregir excesos judiciales" si por el "transcurso de un tiempo" lo que se juzgó ya no tiene relevancia social.

"Las condenas tienen una finalidad de castigo y de recuperación social. Todo eso tiene que verse. El Gobierno lo que es proclive es a dar cumplimiento a la ley. Cualquier persona por si o por tercero tiene derecho a solicitar un indulto y a ser evaluado", añadía.

Por último, el ministro no ha querido fijar una fecha para la tramitación de los indultos de los presos independentistas. "No puedo más que coger una bola de cristal", ha bromeado, señalando que, cuando Justicia inicia el tramite y remite la información al tribunal sentenciador, el Ministerio "pierde el control".

"Es complicado decirlo porque lo mismo es que hay unas medias ordinarias, el que emite el informe es el tribunal sentenciador. Pero el Tribunal Supremo es muy pocas veces el tribunal de primera instancia. No hay un promedio que pueda decir. Yo creo que serán unos tiempos razonables. Hay expedientes que se realizan en seis meses y otros que se hacen en un año y pico", concluía.

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