Una misa en la basílica de la Sagrada Familia ha puesto en pie de guerra a la Generalidad en contra del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. El pasado sábado, la basílica acogió la ceremonia de beatificación de Joan Roig i Diggle, un muchacho de 19 miembro de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña que fue fusilado por un piquete de la FAI el 11 de septiembre de 1936.
A la ceremonia asistieron quince obispos y 588 fieles, una cifra inferior al treinta por ciento de aforo de la Sagrada Familia. El acto contaba con la autorización de la consejería de Interior y habían sido avisadas las instituciones. Por parte de la Generalidad asistió el director general de Derechos y de Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí. Por el Ayuntamiento, el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso, Khalid Ghali, y el primer teniente de alcalde y comisionado de Seguridad, Albert Batlle.
Sin embargo, nada más trascender la beatificación, el vicepresidente de la Generalidad y presidente en funciones, Pere Aragonès, de ERC, cargó contra la Iglesia y afirmó que "yo me he cabreado tanto o más que ellos" en alusión al impacto que la misa había causado en sectores del mundo cultural que llevan días criticando que los teatros y salas de conciertos estén cerrados mientras se permite la celebración de actos religiosos.
Aragonès, principal responsable de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus en Cataluña, aseguró que él es más de teatro que de misas y trató de culpar al Estado con el siguiente "argumento": "No podemos cerrar iglesias porque en la Constitución española el derecho a la religión es fundamental y el derecho a la cultura no".
Por su parte, la consejera de Salud, la también republicana Alba Vergès, aseguró que en la Generalidad no se tenía constancia previa de la celebración de la misa, lo que contrasta con la presencia de representantes de la propia administración autonómica en el acto litúrgico.
Amenazas de la Generalidad
La Generalidad ha amenazado con sanciones al arzobispado al igual que el pasado mes de julio, cuando el cardenal Omella decidió celebrar una misa por los fallecidos por la pandemia en el mismo escenario. En aquella ocasión, el arzobispado arguyó que tanto el Ayuntamiento como la Generalidad le habían instado a la apertura de la basílica para las visitas turísticas, lo que le facultaba para celebrar ceremonias religiosas.
Ante las amenazas, el arzobispado emitió un comunicado en el que afirmaba: "Ante el poco previsible cambio de actitud de la Consejería de Salud de la Generalidad, durante los próximos días iniciaremos las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad y la indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos".
En esta ocasión, Omella ha llegado a pedir disculpas "a quienes se hayan podido sentir ofendidos", pero ha subrayado el derecho a la libertad religiosa y que las instituciones estaban avisadas y no manifestaron oposición o impedimento alguno previamente. La Generalidad sostiene que había exceso de aforo y que por eso estudia multar a la Iglesia, pero las 588 personas que participaron en la misa no llegan al treinta por ciento del aforo de la Sagrada Familia, porcentaje que no deben rebasar las iglesias de Cataluña en sus actos litúrgicos en esta nueva fase de restricciones.
En el trasfondo de la actitud de la Generalidad está el hecho de que Omella no haya visitado a los golpistas presos tal como le han exigido los partidos separatistas. El cardenal ha alegado que la prisión de Lledoners, en Manresa, no pertenece a sus diócesis. El prófugo Carles Puigdemont también se mostró muy duro contra Omella en sus memorias porque el arzobispo le pidió que no llevara a cabo el referéndum ilegal.