El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha decidido llevar a los tribunales la terrible situación que han vivido y viven las residencias de ancianos durante la pandemia. El PPCV ha recurrido ante la Audiencia Nacional lo que consideran un "apagón informativo" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la situación de los centros de ancianos valencianos en la primera oleada del coronavirus "cuando estaban bajo el mando único", explican desde la formación popular.
El partido que lidera en esa comunidad Isabel Bonig explica a Libertad Digital que se trata de una petición que se deriva también "de la falta de transparencia y reiterada ocultación de información por parte de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra".
Desde hace meses, el PPCV ha tratado de conocer esta información presentando numerosas peticiones para acceder a los datos relacionados con el coronavirus en las residencias de la Comunidad Valenciana "donde ya han fallecido 620 residentes", explican.
"La ausencia de transparencia y respuesta llevó al Partido Popular de la Comunidad Valenciana a recurrir al Gobierno de España y presentar el 3 de septiembre dos escritos dirigidos al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al vicepresidente social, Pablo Iglesias para que facilitaran al PP la información que Oltra niega desde hace meses. Sin embargo, el silencio y la opacidad del Gobierno ha llevado al PPCV a tener que recurrir a la Audiencia Nacional para poder acceder a unos datos que la sociedad tiene derecho a conocer", sentencian los populares valencianos.
Por esa razón, este viernes decidieron recurrir a los tribunales "para defender el derecho democrático de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".
"El sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, obligaba a las Comunidades Autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. Por este motivo, el Gobierno de España tiene la información solicitada porque Oltra estaba obligada a facilitarla", sentencian.
En los recursos, el PPCV solicita saber el número de contagios contagios de covid-19 tanto entre los residentes como entre el personal en cada una de las residencias de personas mayores, de titularidad pública y privada, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de registro.
También piden que se conozca el número real de defunciones de covid-19 tanto entre los residentes como entre el personal; los criterios de ingreso hospitalario de las personas mayores residentes en los centros públicos de la región que se contagian (con o sin síntomas), "habida cuenta de que en algunos departamentos de salud se ha ordenado al personal que se les separe y guarden cuarentena mientras en otros se ingresa en hospitales a las personas en las mismas condiciones", recuerdan.
Los populares valencianos exigen que se den a conocer también los protocolos de actuación y si existían protocolos que cribaban a la hora de enviar a residentes al hospital porque existe una denuncia formulada por la patronal de las residencias españolas CEPAs en la que se recoge que se podrían haber hecho cribados en esa comunidad. "Queremos saber qué protocolos se siguieron en las residencias y poder actuar, diagnosticar y radiografiar la situación para poder prevenir situaciones similares", aseguran.
Filtran un borrador del 1 de noviembre a 'El País'
Precisamente este viernes –día en que los populares presentaron estos recursos– El País publica un borrador filtrado [fechado a 1 de noviembre] en donde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno cifra en 20.268 los fallecidos durante la primera ola del coronavirus en los centros residenciales españoles, según los datos recopilados por las comunidades autónomas, aunque de esas muertes solamente la mitad se confirmó mediante análisis serológico.
El borrador del informe, filtrado a El País y recogido por Efe, admite aun así que a día de hoy aún hay lagunas en el análisis de lo sucedido en los centros de carácter residencial durante la primera oleada ya que faltan datos "suficientemente robustos y homogéneos entre territorios".
El informe, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales dependiente de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias, ha sido remitido a las comunidades autónomas y cuenta con aportaciones de los grupos de trabajo covid-19 (Comisión Delegada y Consejo Consultivo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).
No obstante, de los datos que remitieron las comunidades al Ministerio de Sanidad se desprende que hasta el 23 de junio hubo un total acumulado de 18.883 defunciones, una cifra que posteriormente fue "depurada" por el IMSERSO hasta los 20.268. De todas las defunciones en centros residenciales, se realizó análisis serológico a 10.364 personas, mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como "con síntomas compatibles" con la covid, es decir, sin confirmación, puesto que no había al inicio suficientes pruebas diagnósticas.
El informe recoge además que el número total de defunciones por covid en la primera oleada no está determinado y que la aproximación más cercana hasta el 23 de junio sería, según ese borrador, la de 43.697 fallecidos por todas las causas, una cifra muy superior a los 28.148 confirmados según el registro oficial.
Ello lleva a la Vicepresidencia Segunda a afirmar en su informe que entre el 47% y el 50% de los fallecidos de la primera ola fue en residencias, y no del 70%, remarcan, como han recogido algunos medios de comunicación. De ser válida esa estimación, dice el informe, el caso español se situaría, en cuanto a porcentaje de fallecimientos de usuarios de centros residenciales, en unos "parámetros intermedios" para la primera oleada. "Similares a los de Irlanda del Norte (52%), Francia (49%), Israel (45%) o Suecia (47%); sensiblemente por debajo de Bélgica (64%), Irlanda (63%) o Canadá (85%) y por encima de Reino Unido (41%), Portugal (40%) o Alemania (39%)", remarca ese borrador. La información recogida indica, además, que falleció un 6% de las personas ingresadas en centros residenciales en España, lo que supone una "alta afectación" si se compara con la de otros países de la OCDE.