![Expertos jurídicos: "El plan del Gobierno contra la 'desinformación' crea un Ministerio de la Verdad" Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian "la evanescencia" y la "falta de control al controlador" en la orden ministerial.](https://s.libertaddigital.com/images/trans.png)
Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que el plan del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contra la llamada desinformación "es gravísimo y crea un Ministerio de la Verdad como en la novela 1984 de George Orwell".
El Ejecutivo de PSOE y Podemos publicaba en el BOE este jueves un "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional" a través de una orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo. En dicho procedimiento, participará el citado Consejo de Seguridad Nacional que asiste al presidente del Gobierno, el Centro Nacional del Inteligencia CNI o la Secretaría de Estado de Comunicación del Ejecutivo que dirige Miguel Ángel Oliver.
La UE puso en marcha el pasado año un plan de acción para detener las campañas de desinformación y para la protección de los sistemas democráticos y debates públicos, con el objetivo de contrarrestar cualquier campaña de posverdad, también denominada desinformación (fake news), que pudiera producirse tanto dentro como fuera de Europa. Un plan que pretendía, por ejemplo, luchar contra las campañas de desinformación rusas que desestabilizaban procesos electorales con la difusión de bulos.
Las fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que aunque el Gobierno justifique su orden ministerial en el citado plan de la UE, "la evanescencia de la norma, la falta de control al controlador y la falta de concreción en la definición de 'desinformación' por parte del Ejecutivo supone una limitación de derecho fundamental a recibir información veraz, que consagra el artículo 20 de la Constitución española".
"La lucha contra la desinformación no se debe plantear como la creación de un Ministerio de la Verdad con un comisario político, que sería el secretario de Estado de Comunicación (Miguel Ángel Oliver) y que deberá decidir qué es verdad y qué es mentira. No se deben perseguir las críticas al Ejecutivo o a un partido político, aunque en algunos casos las afirmaciones no sean ciertas. Para eso están los tribunales de Justicia", sostienen.
"Es necesaria una normativa de rango superior a una orden ministerial como una Ley Orgánica. La orden del Gobierno se debe matizar", añaden "ya que en ella caben muchas cosas. Hay que establecer procedimientos y elaborar una regulación muy precisa y clara que indique qué límites no se deben traspasar".
Además, las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que se debe fijar "un mecanismo de control para el controlador que podría pasar por la creación de una Comisión parlamentaria de los partidos de la oposición para evitar que los partidos gobernantes paralicen críticas que no les convienen", gracias a la citada orden ministerial.
La orden ministerial de la desinformación
La disposición publicada por el Gobierno asegura que "el acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas, porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales". Y abogan además por "fortalecer" la libertad de expresión, "examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación".
Según el Gobierno, "las acciones y procesos recogidos en este procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido".
Para llevar a cabo este sistema de censura en los medios de comunicación españoles el Ministerio de Carmen Calvo pedirá ayuda a los siguientes organismos: el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil.