Los componentes del "estado mayor" del golpe separatista de octubre de 2017 han sido puestos en libertad este viernes al mediodía tras negarse a declarar ante el magistrado titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. La decisión del juez ha venido motivada porque la Fiscalía no ha considerado oportuno pedir medidas cautelares contra ninguno de los detenidos, a pesar de la gravedad de los hechos que les atribuyen y la acumulación de indicios.
David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, entre otros, están acusados de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y desórdenes públicos. En 2017 formaron parte de lo que se llamó el "estado mayor" del referéndum, un grupo en el que además de ellos estaban los presidentes de Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), los consejeros más próximos a Puigdemont, así como Marta Rovira, Oriol Junqueras y Artur Mas.
Su participación en ese grupo fue clave para la celebración de la votación ilegal y la proclamación de independencia que efectuó el parlamento regional el 27 de octubre de 2017. Con posterioridad se han dedicado a obtener contratos de la Generalidad gracias a sus contactos y a sufragar los gastos de Puigdemont en Bélgica a través del desvío de fondos públicos, según los indicios que maneja el juzgado.
Disturbios, negocios y contactos rusos
También están involucrados en la dirección del Tsunami Democràtic, el grupo que organizó los violentos disturbios en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado
Las intervenciones telefónicas permitieron conocer detalles sobe los manejos financieros de los detenidos con la Generalidad y la Diputación de Barcelona o cómo uno de ellos, Víctor Terradellas —exresponsable de relaciones internacionales de Convergencia— se jactaba de sus contactos en Rusia y de que supuestamente ese país le había ofrecido colaboración militar si la república catalana se hacía efectiva.
También presumían de tener controlados a los Mossos d'Esquadra, en especial David Madí (ex mano derecha de Artur Mas), de que iban a crear una unidad de contraespionaje y de nombrar a los médicos responsables de dirigir la política sobre el coronavirus de la Generalidad, entre otras actividades.
Las escuchas con autorización judicial permitieron también determinar el desprecio que profesaban a Torra y Junqueras, su satisfacción por el nombramiento de Salvador Illa como ministro de Sanidad -decían que tenían ya un pie en el ministerio gracias a la presunta mediación de José Luis Ábalos- o que estaban a favor de nombrar presidente del Gobierno a Pedro Sánchez aunque fuera "gratis".