Octubre de 2017. Golpe de Estado en Cataluña. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional enviados por el Gobierno para sofocar la intentona separatista malviven alojados en cruceros de recreo atracados en el puerto de Barcelona y en hoteles y pensiones de playa. La presión de los independentistas es máxima. Después del referéndum ilegal los policías tienen que soportar insultos, agresiones, amenazas y escraches, tanto si son reconocidos de paisano por las calles como a las puertas de los establecimientos o casas cuartel donde se alojan. Germà Bel, entonces diputado de Junts pel Sí (la coalición entre Convergencia y ERC) dice que "en los hoteles no suelen aceptar animales".
En ese contexto, el PSC no ha adoptado una posición uniforme sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y a algunos les puede la presión que ejercen medios y partidos separatistas. Es el caso del equipo de gobierno municipal de Pineda de Mar, localidad barcelonesa donde el PSC gobierna con holgura. Dos de sus concejales, la teniente de alcalde Carme Aragonès (que no repitió en el cargo) y el segundo teniente de alcalde. Jordi Masnou (en la actualidad responsable del Plan de Reconstrucción, Empresa, Planeamiento y Grandes Proyectos) requieren al entonces jefe de la policía local, Carles Santacreu, para girar visita al gerente de la cadena Checkin de Pineda, en dos de cuyos hoteles se alojan 250 agentes. Es la noche del 2 de octubre y la intención del Ayuntamiento es clara. Hay que echar a los policías.
Tono agresivo y a gritos
En tono agresivo y desafiante, según la Fiscalía, estos tres individuos exigen al gerente que expulse a los policías. Masnou se encara con el gerente y le advierte de que tiene que echar a los agentes "sí o sí". El gerente replica que tienen reserva hasta el 5 de octubre y que no puede echarlos. Masnou no tolera que le lleven la contraria y se pone a gritar y a amenazar al gerente con cerrar el hotel durante cinco años. Ante el cariz de las amenazas, el gerente se aviene al chantaje y acabará por echar a los policías "movido por el miedo", según el fiscal, que ahora pide tres años de prisión para los tres implicados.
El caso se ha instruido en el juzgado número dos de Arenys de Mar y ante el escrito de Fiscalía en el que se pide la apertura de juicio oral, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que asegura que "la voluntad de los encausados fue la de realizar actuaciones tendentes a mejorar la situación de tensión ciudadana que se vivía en los primeros días de octubre en el municipio" y pide "respeto por la presunción de inocencia de los encausados".