Podemos se niega a entregar al juez la documentación solicitada para investigar las presuntas irregularidades en obras de su sede, los sobresueldos y la caja B del partido, denominada Caja de Solidaridad, desde el pasado mes de julio.
El pasado 2 de septiembre, en una entrevista el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró su disposición a "colaborar con la justicia" y sobre la documentación solicitada llegó a asegurar que habían entregado al juez "todo lo que habían pedido". "La colaboración con la justicia va a ser absoluta", insistió.
En un recurso, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la formación de Iglesias afirma que "versando todas las diligencias de investigación sobre hechos que entendemos no tienen naturaleza delictiva, no cabe mantener una investigación sobre los mismos ni requerir al partido su aportación". La formación está imputada en esta causa por financiación ilegal y delito electoral.
El juez Escalonilla en una providencia advertía al partido que "no habiendo presentado el resto de documentación que le fue requerida, referida tanto en el auto dictado el día 30 de julio de 2.020, como en la providencia dictada en fecha 31 de julio de 2.020, se requiere a dicho partido político a su presentación en el plazo de diez días, sin que el hecho de que haya presentado recurso de apelación respecto de las dos resoluciones citadas justifique la falta de presentación de dicha documentación, al no producir dicho recurso de apelación efectos suspensivos".
El juez solicitó los contratos de ejecución de obra suscritos con el arquitecto Manuel Campos García para reformar su nueva sede en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid, los contratos de ejecución de obra con las seis entidades mercantiles que ejecutaron las obras y el acondicionamiento de dicho edificio, el expediente de licitación de la ejecución y las facturas de 6 empresas que participaron en la citada reforma. En su escrito, Podemos afirma que no parece ser "una diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación".
Respecto a los sobresueldos, el instructor requirió la normativa interna de los sueldos de los empleados y los complementos, facturas, tickets y demás documentación presentada cada mes por Rocío Val (gerente del partido imputada) y Daniel de Frutos (tesorero del partido imputado), por gastos en el ejercicio de sus funciones y las nóminas de ambos desde enero de 2.019 hasta la presente fecha. La formación apunta en su recurso: "Desconocemos a día de hoy qué relevancia penal o qué interés investigativo para el objeto de la instrucción tiene su aportación al proceso y su unión a los autos".
Por último, sobre la caja B del partido, denominada Caja de Solidaridad, el instructor reclamó el acuerdo del Consejo de Coordinación de Podemos en el que se aprobó la solicitud presentada por #404 Comunicación Popular por importe de 50.000 euros.
Según la formación, dicha petición del juez Escalonilla "tampoco sería relevante ni necesario para el esclarecimiento de los hechos, dado que ni hay indicio alguno que sostenga el mantenimiento de esta parte de la investigación más allá de 'sospechas' y 'rumorología, y tampoco se ha puesto en duda por el denunciante que las operaciones de la Caja de Solidaridad no fueran acordadas por el Consejo de Coordinación".
Es decir, casi 3 meses después del mandato judicial, el partido de Iglesias no ha aportado la documentación solicitada por el juez Escalonilla. Fuentes del caso consultadas por LD, denuncian que "Podemos está intentando retrasar, paralizar y torpedear la investigación de la causa".
También rechaza la investigación de las cuentas de Neurona
En un segundo recurso remitido al juez, Podemos rechaza también que el magistrado Juan José Escalonilla investigue las cuentas corrientes desde las que se realizaron las transferencias a la cuenta de la filial de la consultora Neurona, Neurona Comunidad S.L.
Según el recurso, "las diligencias acordadas adolecen de nulidad, y deben ser por tanto rechazadas, al derivar de la nulidad en origen por haber sido obtenida la información dimanante de la misma con vulneración de derecho fundamental a la intimidad y a la tutela judicial efectiva, habiéndose quebrantado el secreto profesional y la confidencialidad en el ejercicio del cargo del denunciante en su condición de Delegado de Protección de Datos y asesor jurídico". Todo ello en referencia a la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente.
Podemos también se opone a que se investigue si la Asociación 404 Comunicación Popular recibió finalmente 50.000 euros de la caja B del partido: "Entendemos que no existiendo indicio alguno de hechos que pudieran revestir la naturaleza de delito, la continuación de la instrucción respecto de la entidad #404 comunicación popular carece de cualquier tipo de fundamento y debe, por tanto, dejarse sin efecto".