El Gobierno admite en privado "el lío" que se inicia en el seno de la coalición con la decisión adoptada este miércoles por el juez, Manuel García-Castellón. En Moncloa son plenamente conscientes del daño que los siguientes pasos podrían tener para la coalición progresista y no dudan en marcar la doctrina: "Si el Supremo imputa a Iglesias, tendrá que dimitir".
Algo que, sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital, creen que no va a ocurrir. "La imputación no va a llegar", explican, porque "el asunto está muy cogido con pinzas. El Supremo no puede imputar a un vicepresidente del Gobierno por un lío de faldas", dicen ignorando el resto de delitos que pesan sobre Iglesias en lo relativo a la financiación irregular de Podemos y la consultora Neurona.
Pese a todo, en el Gobierno intentan minimizar la decisión de hoy, que se limita a un "procedimiento habitual" que consiste en que el juez, que no puede imputar al vicepresidente por su condición de aforado, remite una exposición razonada al Supremo que es quien tiene que decidir. La novedad radica, según estas fuentes, enque "el juez no ha consultado previamente a la Fiscalía Anticorrupción porque sabe que está cogido por los pelos" y habría obtenido un posicionamiento negativo del Ministerio Fiscal.
En el peor de los escenarios, en el gabinete del presidente dejan claro que habría que sacrificar la pieza de Pablo Iglesias en el Gobierno y buscarle un sustituto: una nueva entrada de la cuota Podemos en el Ejecutivo y una sustitución en la vicepresidencia del Gobierno, quizás con la figura de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ya estuvo en los planes de Moncloa para ocupar un puesto más alto en el escalafón ministerial. Pero todo esto "son futuribles" que el Gobierno espera y confía en que no vayan a materializarse.