El caso de la posible imputación del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina vaticina otra guerra en la Fiscalía.
Este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitaba al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos. La Sala Penal del Supremo presidida por Manuel Marchena recibirá la exposición razonada de García Castellón y deberá pedir a la Fiscalía que informe al respecto.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital recuerdan que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, "debe abstenerse en esta causa" tras haber formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Justicia. Posteriormente, Delgado tendrá dos opciones: "asignar el caso de Iglesias al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, o bien respetar el reparto normal entre los fiscales de Penal del Supremo", es decir, que se asigne la causa al fiscal que por turno corresponda. "Si Delgado asigna a Navajas directamente para el caso con una orden o instrucción se deberá convocar a la Junta de Fiscales de Sala", destacan.
En este contexto, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que "el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Cuando dichas instrucciones se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno, el fiscal deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala".
Según el mismo Estatuto, "la Junta de Fiscales de Sala asiste al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza análoga, que el fiscal general del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio".
Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que el propio Navajas "tendría que abstenerse" ya que se refirió al escándalo sobre la estrecha relación de la abogada de Podemos, Marta Flor, con el fiscal Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa, afirmando "cuando me enteré me dio asco, vomité".
En el Ministerio Público podría llover sobre mojado. Recordamos que en la Fiscalía aún rezuma la indignación después de que Delgado encomendase a Navajas, que este año se jubila y cuyo mandato había expirado, estudiar las querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la covid-19.
Navajas se hizo cargo de las 20 querellas presentadas y pidió el archivo de todas sin convocar a la Junta de Fiscales de Sala, lo que provocó un terremoto interno en la Fiscalía. Ahora la historia podría repetirse si Delgado vuelve a asignar a Navajas la causa y no se convoca nuevamente a la Junta de Fiscales de Sala para estudiar la imputación de Iglesias.
Tras recibir el informe de la Fiscalía, la Sala Penal del Supremo deberá decidir si abre causa penal a Iglesias y por tanto, designa a un instructor y pide un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder investigar al vicepresidente del Gobierno. Si el Congreso no aprueba el suplicatorio, la causa contra Iglesias se cerraría a menos que previamente Iglesias decidiese comparecer como investigado voluntariamente ante el Supremo.
"El delito de denuncia falsa tiene más recorrido judicial"
Tal y como avanzó este diario el pasado mes de julio, el delito que tendría mayor recorrido judicial en una hipotética imputación ante el Supremo es el de denuncia falsa, ya que Pablo Iglesias podría ser perdonado por el presunto delito de revelación de secretos por la propia Dina Bousselham. Respecto al presunto delito de daños informáticos en la tarjeta de su exasesora, aún quedarían diligencias pendientes para delimitar la posible responsabilidad penal del vicepresidente del Gobierno.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la decisión de la Sala Penal del Supremo sobre la posible imputación de Iglesias no será inmediata y posiblemente se retrase hasta dentro de varias semanas o incluso meses, ya que la Fiscalía no tiene plazo para presentar su informe".