La enseñanza privada acusa al Gobierno de utilizar la subida del IVA para llevar a cabo una nacionalización encubierta

La intención del Gobierno de eliminar la exención del IVA a la sanidad y la educación privadas ha llevado a los expertos a preguntarse cuál es la razón que subyace detrás de esta medida que, al menos económicamente, no parece compensar al Estado.

En el caso de la educación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que el incremento neto de la recaudación como consecuencia de la imposición de un 21% de IVA ascendería a 1.694 millones de euros. Una cifra que sería notablemente inferior al coste que tendría para el Estado asumir el trasvase de alumnos de la privada a la pública: hasta 2.161 millones, según sus cálculos. Es decir, que estaríamos hablando de un déficit de 467 millones de euros.

En declaraciones a Libertad Digital, sin embargo, el presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) advierte de que el agujero podría ser mayor: "Ellos tienen una visión más optimista que la nuestra. Nosotros creemos que el desplazamiento que se produciría de la privada a la pública sería mayor. Hay que tener en cuenta la situación económica en la que está en el país en estos momentos y lógicamente esto condicionaría muchísimo el futuro de la enseñanza privada". Tal y como nos cuenta Juan Santiago, su sector "ahorra" anualmente al Estado unos 5.700 millones de euros y, según sus cálculos, el trasvase de estudiantes podría oscilar "entre el 50% en el mejor de los casos y el 85% en el peor". De cumplirse estas previsiones —advierte—, "estaríamos hablando prácticamente de la desaparición del sector".

En contra de lo que uno pueda pensar, el presidente de ACADE asegura que una gran parte de las familias que recurre a la enseñanza privada pertenece a una clase media que, de ver incrementados los precios en un 21%, se replantearía su continuidad: "Es un cliché que la educación privada sea la educación de la gente con muy alto poder adquisitivo. Los que trabajamos en educación desde hace muchos años sabemos que hay padres que hacen un enorme esfuerzo para poder llevar a sus hijos a nuestros centros". Además, Santiago recuerda que todas estas familias ya pagan doblemente, puesto que, además de satisfacer las cuotas de la privada, siguen contribuyendo con sus impuestos al mantenimiento de la educación pública.

Con todo, el presidente de ACADE muestra su "rechazo absoluto y profundo" a las intenciones del Gobierno y reitera que esta medida podría tener "unas consecuencias terroríficas para el sector, pero también para al Estado". A su juicio, las cifras proporcionadas por la AIReF demuestran que "económicamente es un sinsentido", ya que, al elevado coste que supondría el trasvase de alumnos a la educación pública, habría que añadir la pérdida considerable de puestos de trabajo que se produciría en el sector: "Eso implicaría también un gasto en desempleo de todo el profesorado, de todo el personal que trabaja en los centros y de muchas de las empresas que también trabajan con nosotros a nivel de servicio de comedor, transporte, etc. La medida es francamente descabellada". Además, hay que tener en cuenta que la imposición del IVA al 21% no sólo afectaría a los colegios, también a las universidades, donde los precios son mucho más elevados, y a otro tipo de enseñanzas no regladas, como actividades musicales o de idiomas.

Para Santiago, "se mire por donde se mire, está claro que económicamente va a ser peor" y, por tanto, estamos hablando de una cuestión puramente ideológica: "Si las cuentas no salen, si va a costarle mucho más al Estado de lo que va a ingresar como consecuencia del impuesto, pues tendrá que haber una razón política para que se tome una decisión de este tipo". ¿Cuál? El presidente de ACADE no puede hablar más claro: "Aunque suena muy duro decirlo, estamos hablando de una nacionalización encubierta".