Sociedad Civil Catalana exige que a Torra se le retire el sueldo de 120.000 euros al año como expresidente

Las condiciones económicas de las que ya disfruta Torra como expresidente de la Generalidad han causado estupor y malestar en los partidos de la oposición y en organizaciones como Sociedad Civil Catalana (SCC), que denuncia que mientras un funcionario suspendido queda privado del ejercicio de sus funcione y "de todos los derechos inherentes a su condición", el expresidente regional gozará de las condiciones económicas y representativas establecidas por la Generalidad pese a la inhabilitación de año y medio por desobediencia.

La entidad constitucionalista se remite al Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 3631/2007) y acentúa que la suspensión de un funcionario por sentencia dictada en causa criminal o en virtud de una sanción disciplinaria implica la pérdida del puesto de trabajo si es de más de seis meses.

Sociedad Civil cita también la Ley de Régimen Jurídico de las situaciones de los funcionarios públicos en España (Ley 867/2015), que establece que la suspensión de funciones supone la privación al funcionario del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a esa condición. Apunta además que los artículos 45.1 y 45.2 del Estatuto de los Trabajadores fijan la exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo cuando se produzca una suspensión del contrato de trabajo, en aplicación del régimen disciplinario.

Según SCC, el presidente de la Generalidad es el máximo responsable de los funcionarios y participa de la legislación que se establece para el conjunto de los trabajadores de la administración autonómica. La asociación considera que no aplicar estas leyes a Torra "causa un terrible agravio comparativo con quienes hasta ayer fueron sus administrados y da carta de naturaleza a una escandalosa laguna jurídica que viene a permitir que los expresidentes de la Generalitat, cesados por sentencia de los Tribunales, mantengan los beneficios económicos del cargo con absoluta impunidad".

Las condiciones económicas y representativas de los expresidentes, sueldos, pensiones, personal a su cargo, escoltas y oficinas, fueron fijadas por ley por Jordi Pujol poco antes de abandonar el cargo, en 2003. Teniendo en cuenta que una de las ocupaciones favoritas de Torra durante su mandato fue subirse varias veces el sueldo hasta llegar a los153.000, el inhabilitado, que tiene ahora 57 años, pasará a cobrar a partir de ahora y durante los próximos cuatro años 120.000 euros anuales. Después verá recortado el salario hasta los cien mil y a los 65 años dispondrá de una pensión de 92.000 euros. Y todo ello por haber ejercido el cargo 28 meses. Torra se ocupó también durante su breve mandato de blindar las condiciones económicas de los expresidentes autonómicos.

A las retribuciones económicas hay que sumar el despacho, las secretarias, funcionarios (tres), el chófer, coche oficial y escoltas a cargo del erario público.

En el pleno de despedida de Torra en el parlamento catalán, el dirigente de Ciudadanos Carlos Carrizosa anunció que su grupo presentará un proyecto de ley que elimine los privilegios de los presidentes autonómicos catalanes, en la línea de lo que pide SCC a los partidos que se reclaman constitucionalistas.