"El Gobierno amenaza con un golpe de Estado institucional para controlar el CGPJ"

"El Gobierno amenaza con un golpe de Estado institucional para controlar el CGPJ". Así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital tras salir a la luz el plan del Ejecutivo de PSOE y Podemos para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial sin pactar con el Partido Popular. El Gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes está en funciones desde diciembre de 2018, cuando venció su mandato.

El diario El País publicaba este jueves que en el Gobierno de Pedro Sánchez "gana enteros el flanco que está a favor de modificar la ley con mayoría absoluta para poder renovar al menos los 12 vocales del cupo de jueces, cuyo sistema de elección no está claramente fijado por la Constitución con una exigencia de tres quintos del Congreso y Senado".

Según este diario, Podemos ha propuesto renovar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cesar a los vocales y al presidente del Consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al Consejo vigente. En segundo lugar, la formación de Pablo Iglesias plantearía que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no haga falta tres quintos de los votos de las Cámaras (Congreso y Senado) sino mayoría simple, "lo que facilitaría la renovación sin el PP".

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que rebajar la mayoría de tres quintos en las Cámaras para renovar a los vocales del CGPJ supone "un ataque subversivo a la Constitución" y a la vez "es inviable constitucionalmente". "La fórmula que sopesa el Ejecutivo para renovar el CGPJ sólo quiere amedrentar y presionar al PP para que se sienten a negociar", añaden.

El artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 establece que "los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica" y que "cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial".

En este contexto, consideran clave los nombramientos del CGPJ conocidos ayer. El pleno del Consejo General del Poder Judicial elegía a Ángel Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente como nuevos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, con 19 votos a favor y dos en blanco. "En años no va a haber nuevas plazas de magistrados en la Sala Penal", destacan.

El Gobierno de los jueces avalaba también con amplia mayoría la designación de César Tolosa, María Luisa Segoviano y Jacobo Barja de Quiroga como nuevos presidentes de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), Sala Cuarta (Social) y Sala Quinta (Militar), respectivamente. El nombramiento de Jacobo Barja de Quiroga para presidir la Sala Militar ha levantado muchas suspicacias entre el llamado sector conservador.

"El Gobierno creía que podía controlar la paralización de los nuevos nombramientos del CGPJ a través de los denominados vocales progresistas. Sin embargo, los vocales del CGPJ con una gran mayoría consiguieron sacar adelante las nuevas designaciones a pesar de las amenazas y de que su actuación iba en contra de los intereses del Gobierno", concluyen.