Fue una de las iniciativas en las que más empeño puso Albert Rivera desde que lanzase a Ciudadanos a nivel nacional en 2014 y ahora toma el relevo Inés Arrimadas. El partido naranja siempre se ha negado a entrar en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerarlo un "mercadeo", como este lunes afirmaba la portavoz de la Ejecutiva, Melisa Rodríguez.
"Si creemos en una Justicia despolitizada, no tiene sentido ni tiene nombre que sean los políticos los que elijan a dedo a aquellos jueces que quizás, en algún momento, tengan que juzgarlos por presuntos delitos de corrupción" afirmaba la exdiputada por Tenerife en su habitual rueda de prensa tras la reunión ordinaria de la cúpula del partido.
Rodríguez se refería a la Proposición de Ley para modificar la norma de 1985 sobre el Poder Judicial (luego reformada en otros aspectos en 2013) y que, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, parte de los vocales del CGPJ, doce de los veinte en concreto, los de "procedencia judicial", sean elegidos por los propios jueces.
Un texto que llegará por primera vez este martes al pleno del Congreso de los Diputados para su toma en consideración, y que podría defender incluso la propia Arrimadas, algo que no descartan fuentes de su entorno, dada la importancia que para el partido liberal tiene el mismo. Se trata, de nuevo en palabras de la portavoz Rodríguez, de "una oportunidad" para que PP y PSOE "se sitúen del lado de la independencia de los poderes, dejando una clara distancia de lo que eran las malas mañas del pasado" sentenciaba.
Los populares, informa Míriam Muro, votarán sí a la toma en consideración porque, explican fuentes de los de Pablo Casado, la fórmula "es muy similar a lo que nosotros proponemos".
Los detalles de la reforma
Ciudadanos siempre ha ligado la necesidad de esta reforma con la mejora de la lucha contra la corrupción, y por eso en la exposición de motivos de la Proposición de Ley se citan los informes del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) un organismo del Consejo Europeo, que "ha llamado la atención sobre la inobservancia por parte de nuestro país de la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, a fin de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia".
De aprobarse algún día la norma de Ciudadanos, los parlamentos autonómicos se verían desposeídos de la potestad que ahora ejercen de proponer magistrados para los altos tribunales de cada comunidad autónoma. Además, quienes hubiesen formado parte del CGPJ deberían esperar dos años después de su cese para reintegrarse a la carrera judicial, una manera de combatir el efecto de las "puertas giratorias" en la administración de Justicia.
Igualmente, la reforma contempla un refuerzo de los criterios de mérito y capacidad en la elección de altos cargos como los presidentes de Sala de la Audiencia Nacional o los de los tribunales superiores autonómicos, para los que se establecería un concurso público.
Un CGPJ por voto de los jueces y paritario
Los doce vocales del órgano de gobierno de los jueces de procedencia judicial serían, por tanto, elegidos por sus compañeros en listas abiertas y con circunscripción única en toda España.
Quienes quisieran optar a un puesto de vocal, además de tener la antigüedad de quince años en la profesión requerida, deberían ser avalados por otros 25 compañeros o por una de las asociaciones judiciales. Los electores podrían votar en una papeleta abierta hasta un máximo de seis candidatos y el resultado final tendría que respetar la "paridad" entre hombres y mujeres.
La necesidad de esa reforma fue defendida la semana pasada por la propia Arrimadas en su pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control sin encontrar una respuesta concreta por parte del presidente del Gobierno.