La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha reunido este jueves con el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en pleno escándalo de la causa abierta al franquismo por la juez argentina María Servini de Cubría.
Libertad Digital publica la imagen del encuentro que tuvo lugar ayer en un bar de la calle Almagro en Madrid entre Delgado y Garzón. Ambos mantienen una estrecha amistad desde hace años y conversan con otras personas en una mesa.
Precisamente, tal y como desvelaba este diario, la fiscal general del Estado dejaba en agosto sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 para que Argentina no investigase posibles crímenes cometidos durante el franquismo que fueron amnistiados, ya que "los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina".
La magistrada argentina María Servini de Cubría tomaba declaración por videoconferencia la semana pasada al exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que acudió voluntariamente. Las fuentes consultadas apuntaban que la mano que "mece la cuna" de Delgado en este asunto es su amigo Baltasar Garzón.
Paradójicamente el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional rechazó en 1998 una querella presentada por la matanza de Paracuellos del Jarama contra el líder del PCE, Santiago Carrillo, por "abuso del derecho a la jurisdicción".
La nota de Delgado sobre la causa abierta al franquismo
Según la nota interna informativa de Dolores Delgado sobre la causa abierta al franquismo en Argentina, "es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional".
"El mantenimiento", añadía Delgado, "de una interpretación que en la práctica supondría la imposición de una cortapisa general o automática frente a las solicitudes de asistencia judicial para la realización de actos de investigación o su abordaje desde una perspectiva exclusivamente nacional, sin integrar en el principio de legalidad otras exigencias derivadas de la legalidad internacional, podría entrar en contradicción con el principio de buena fe y de interpretación más acorde a la consecución del objetivo del mencionado tratado bilateral, cuyas disposiciones favorecen decididamente la asistencia mutua".