El exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, está recibiendo "coacciones" de dirigentes de la formación morada para no declarar contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina.
Calvente está citado para declarar este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para esclarecer si Iglesias tenía conocimiento desde el año 2016 de que su exasesora Dina Bousselham había filtrado los mensajes de Telegram publicados en Okdiario. A pesar de ello, el vicepresidente del Gobierno "denunció" ante García Castellón una supuesta trama de las cloacas policiales contra el partido y su persona. Un argumento que utilizó para su campaña electoral.
Fuentes del entorno de Calvente aseguran a Libertad Digital que el exletrado de Podemos se plantea denunciar los hechos ante el propio magistrado Manuel García Castellón presentando un escrito o bien durante su propia declaración. "Coaccionar a un testigo, podría encajar en un presunto delito de obstrucción a la justicia", apuntan.
"Desde que declaró ante el titular de Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, el pasado mes de julio para exponer su denuncia sobre los contratos fraudulentos del partido con la consultora Neurona, las irregularidades en la remodelación de la sede o el desvío de fondos de la caja de solidaridad del partido, no ha parado de recibir presiones y acoso de dirigentes de Podemos, incluso de sus antiguos compañeros del equipo jurídico. Quieren que guarde silencio", aseguran.
"Calvente está siendo coaccionado para que se acoja a su secreto profesional como letrado para no declarar en la Audiencia Nacional y no señale a Iglesias en su comparecencia. A través de mensajes y llamadas telefónicas le trasladan que su declaración puede traer consecuencias negativas para muchas personas y que se puede volver contra él", añaden.
Según dichas fuentes, a Calvente le han llegado a insinuar que su declaración "podría conllevar la imputación de Iglesias, poniendo en riesgo la coalición del Gobierno del PSOE y Podemos, el pacto de los Presupuestos Generales del Estado y que por tanto, el aparato del Estado podría tomar represalias contra él". Calvente teme por su integridad física y la de su familia ya que está recibiendo también amenazas e insultos.
Cabe destacar que el letrado purgado de Podemos ha sido además objetivo de una campaña de desprestigio por parte de medios de comunicación cercanos al Gobierno y a Podemos para deslegitimar su persona y su denuncia sobre las irregularidades de la formación morada y su presunta financiación ilegal. Sin ir más lejos, ha sido atacado desde el digital de la propia Bousselham.
"El hecho de que le coaccionen para que no hable demuestra que en Podemos tienen mucho miedo por lo que pueda contar ante el juez. Por ello, le acusan de haberse aliado con las cloacas y de denunciar la 'trama delictiva' del partido ante periodistas a los que los propios miembros de Podemos llaman 'terroristas'", afirman.
Declaración "decisiva" de Calvente
Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que el testimonio de José Manuel Calvente puede ser "decisivo" para que el magistrado Manuel García Castellón remita una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por posibles delitos de denuncia falsa y de daños informáticos".
El delito de denuncia falsa se fundamentaría en que Iglesias aseguró en sede judicial en condición de perjudicado en la causa que la publicación de los mensajes del chat de Telegram de Podemos fueron consecuencia de la trama de las cloacas policiales en connivencia con algunos medios de comunicación, a pesar de que desde 2016 se conocía que los mensajes los había filtrado la propia Dina Bousselham a miembros del partido, tras hacer pantallazos de los mensajes con su propio teléfono móvil. "Este delito sería el que más recorrido judicial puede tener", aseguran.
Por otro lado, el delito de daños informáticos se sustentaría en que Iglesias entregó a Dina tras ocultarla durante meses la tarjeta de su móvil inservible. Recordamos que los informes de la Policía Científica y de la empresa de recuperación informática de Gales sólo consiguieron acreditar que no se podía acceder a la tarjeta.