La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado durante la apertura del año judicial que la Fiscalía hará pública una instrucción en los próximos días para hacer frente a los okupas. El acto solemne ha estado presidido por Felipe VI, que era recibido a las puertas del Tribunal Supremo con gritos de "¡Viva el Rey!".
El acto descafeinado por la pandemia de la covid-19 ha estado marcado por las medidas de prevención adoptadas contra la expansión del coronavirus y no se ha ofrecido el tradicional vino español que reúne cada año en el salón de pasos perdidos del palacio de Villa de París a los principales representantes de la cúpula judicial y fiscal española.
Durante su discurso, Delgado ha afirmado que "la Fiscalía debe continuar impulsando el proceso ya iniciado de apertura hacia la sociedad, de permeabilidad ante las necesidades de la ciudadanía". Sobre la ocupación de viviendas, aseguraba que "en los próximos días, se dictará una Instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales de ese fenómeno delictivo".
También hacía referencia a la sentencia del Supremo contra los golpistas catalanes por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017: "La sentencia consideró los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de sedición y de un delito agravado de malversación de caudales públicos, apreciando ambos delitos en concurso medial, de forma que la malversación se consideró delito medio para cometer el fin de la sedición. Culmina así un proceso penal de especial trascendencia a todos los niveles, en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad".
Sobre el terrorismo, Delgado afirmaba que "una vez producida la desaparición de ETA la actividad terrorista terminó, pero no las secuelas de sus acciones", y también se refería a "la lucha contra la corrupción política continúa siendo otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal.
La fiscal general analizaba el papel de la Fiscalía en los casos de violencia doméstica, los delitos contra la libertad sexual, contra bienes personalísimos a través de las redes sociales hacía referencia a las personas mayores y/o con discapacidad, trata de seres humanos, la protección de las víctimas y repasaba los datos estadísticos del Ministerio Público.
"Tenemos la ilusión, la voluntad y el tiempo necesarios para hacer realidad todas estas aspiraciones. El futuro es conquistar mayores cotas de la autonomía que ya nos definen como lo hace e identifica nuestra defensa de la legalidad y la imparcialidad desde que afrontamos la toma de decisiones. Contamos con la fuerza de un colectivo de hombres y mujeres con vocación de servicio público y una excelente formación técnico jurídica. Seguimos trabajando", concluía Delgado.
Lesmes pide mayor "claridad normativa" para el Covid-19
Por su parte, el presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, aseguraba que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto "la necesidad de una mayor claridad normativa" respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige ulterior control judicial aun bajo el estado de alarma.
Según Lesmes, es precisa "una mejor delimitación" de la necesaria ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria: "Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos".
Por último, ha insistido en que la renovación del CGPJ "sigue sin producirse pese a que la venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".