Mientras su marido llama a la confrontación, Marcela Topor se embolsa cada mes seis mil euros de la Diputación de Barcelona por presentar un programa de entrevistas en inglés en la red de televisiones locales asociadas a la entidad provincial, en manos del PSC desde las pasadas elecciones municipales. La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, preside el ente gracias a un pacto entre el PSC y Junts per Catalunya (JxCat), la formación que lidera el prófugo.
Puigdemont no pierde ocasión de arremeter contra el PSOE y el PSC y ha llegado a afirmar que la situación política en Cataluña es peor que cuando gobernaba el PP, pero eso no obsta para que ampare un acuerdo en la Diputación de Barcelona entre su partido y el "enemigo" socialista. El pacto sirve, entre otras cosas, para que se vaya renovando el programa de entrevistas en inglés que presenta su esposa, Marcela Topor.
El programa, llamado The Weekly Mag comenzó a emitirse en 2018, cuando Puigdemont ya había huido, y se gestó durante el mandato nacionalista en la Diputación de Barcelona. El cambio de color político no supuso ningún inconveniente para la renovación del espacio, cuya audiencia es nula. Ahora se ha renovado hasta el mes de diciembre, pero no se alberga ninguna duda sobre la continuidad del programa el próximo año.
El programa se realiza íntegramente en inglés, por lo que está exento de la obligatoriedad del catalán que rige en todos los medios de comunicación públicos de Cataluña. Es la única excepción con la excusa de promover el aprendizaje del inglés entre la audiencia.
Protección del domicilio
El encono de Puigdemont, la supuesta "represión" que azota Cataluña, la presunta "persecución" del independentismo contrasta con las condiciones laborales de su esposa y con el hecho de que disfrute de una especial protección por parte de los Mossos d'Esquadra, que tienen un retén protegiendo la residencia en Gerona de los Puigdemont-Topor durante todo el día.
La exagente de los Mossos Inma Alcolea presentó el pasado mes de julio una demanda contra los altos cargos de la consejería de Interior por malversación y prevaricación relacionadas con la protección oficial que se concede a la familia del ahora eurodiputado y prófugo de la justicia.
Según la denuncia, quince agentes de los Mossos protegen la vivienda en tres turnos al día, despliegue que sólo en sueldos supone más de treinta mil euros mensuales. La fiscalía de Gerona se ha inhibido en favor de la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).