El exministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, ha asegurado en su declaración ante la juez argentina María Servini que "es imposible que en la Transición hubiese un genocidio". Martín Villa ha declarado voluntariamente en el Consulado argentino en Madrid por videoconferencia en relación con la acusación de genocidio por muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición.
La querella acusa de genocidio al exministro por 12 muertes en actuaciones de los Cuerpos de Seguridad y de la extrema derecha entre marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, y desde julio de 1976 a julio de 1978, bajo su mando como ministro del Interior. La videoconferencia comenzaba pasadas las 4 de la tarde con la lectura durante hora media de las acusaciones.
El exministro entregó, de acuerdo con las leyes argentinas, unas "manifestaciones escritas" para hacer precisiones y reparar posibles omisiones de la declaración oral, al tratarse de hechos ocurridos hace más de 40 años. En él, defendía que la Transición española "fue justamente lo contrario a un genocidio. Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo. Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros —correligionarios y adversarios políticos— la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978".
"De aceptarse la versión de la querella", añadía, "si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar". Además, ha adjuntado los 19 testimonios escritos en su defensa por los cuatro expresidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, los ex secretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y los dos ponentes de la Constitución vivos, Miguel Herrero y Miquel Roca.
En su declaración escrita, Martín Villa advertía de que las acusaciones de la querella contienen errores y falsedades en su catalogación de las muertes como genocidio, en la imputación de responsabilidades hacia él y en la versión que presenta de la Transición y la Ley de Amnistía.También ha defendido que es imposible que hubiese un genocidio en la Transición, un proceso político que supuso la reconciliación entre los españoles, y ha explicado que la Ley de Amnistía en nada se pareció a las leyes de punto final; es decir, no se hizo para amnistiar a gobernantes sino a terroristas.
El exministro ha señalado que la querella califica las diversas muertes como genocidio para justificar el acceso a la Justicia universal. El Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional que en octubre de 2018 denegó la solicitud de la juez argentina para interrogar a Martín Villa en Madrid determinó en su auto, entre otras cosas, que si los hechos denunciados fuesen delitos de ninguna manera serían genocidio o crímenes de lesa humanidad.
En su relato ha expuesto que "pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas. No ha sido así, y puede comprobarse en los Diarios de Sesiones de las Cortes. Pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales. Lo que no podía suceder, y no sucedió, es que en la Transición existiera, como afirma la querella, "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes".
"Situación de presunción de culpabilidad"
El exministro Rodolfo Martín Villa ha expuesto que, al no haber podido declarar hasta ahora, lo cual impide que haya una investigación judicial efectiva, se le ha colocado en una situación de "presunción de culpabilidad" en vez de "presunción de inocencia".
También ha recordado las numerosas iniciativas que ha tomado para prestar declaración y ayudar al esclarecimiento de los hechos desde que conoció la orden de detención contra él dictada en octubre de 2014. Pocas semanas después presentó su primer escrito con la solicitud de declarar. En 2015, antes de que el Gobierno se pronunciase sobre la petición de extradición a Argentina para interrogarle, no se quiso proteger con la Ley de Amnistía y se ofreció a declarar voluntariamente.