Estupor. Es lo que veinticuatro horas después provocaba entre los barones territoriales del primer partido de la oposición la propuesta de Pedro Sánchez de instar a los gobiernos autonómicos a que, llegado el caso, pidan la declaración de estado de alarma en su territorio, una posibilidad que contempla la Ley orgánica de 1981.
En sendas ruedas de prensa este miércoles, convocadas entre otras cosas para abordar la problemática vuelta del curso escolar, los presidentes de Galicia y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, ponían el grito en el cielo.
Feijóo no disimulaba su enfado con el presidente del Gobierno: "Que después de cinco meses volvamos a la casilla de salida de aquel 14 de marzo [día en que se declaró por primera vez el estado de alarma] en mi opinión no se lo explica nadie. Que renunciemos a tener una legislación sanitaria para una crisis sanitaria, no se lo explica nadie, y que tengamos además la posibilidad de tener diecisiete recetas sanitarias para la gestión de una profunda crisis sanitaria de la nación tampoco, creo, se lo explica la mayor parte de los ciudadanos".
Mañueco, por su parte, pedía "buscar una fórmula jurídica, se lo hemos reclamado al Gobierno de España desde mediados de mayo" y pedía "una legislación ordinaria que nos permita a las comunidades autónomas, sin tener que reclamar ese estado de alarma excepcional, actuar con eficacia y con rapidez".
Feijóo: "No es, en ningún caso, eludir responsabilidades"
El propio Feijóo anunciaba que para la semana que viene, primera de septiembre, el equipo jurídico de la Xunta de Galicia tendrá listo un informe sobre el particular, en línea con el plan B jurídico en el que insiste Pablo Casado, quien insistía este mismo martes en que basta con la legislación ordinaria ante cualquier escenario de rebrote de la covid-19, por grave que sea.
Un texto que se le remitirá, explicaba el presidente gallego, al Gobierno central en esos primeros días de septiembre y que, explicaba, "no tiene más objetivo que facilitar a los ciudadanos, y a las autoridades sanitarias, y a las autoridades de las comunidades autónomas, nuestro compromiso. No es, en ningún caso, eludir responsabilidades, es dar instrumentos para poder ejercer las responsabilidades. Y el instrumento del estado de alarma, de diecisiete respuesta diferentes en la misma nación, no tiene precedentes" concluía.
Los otros tres presidentes autonómicos populares, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juan Manuel Moreno y el murciano Fernando López Miras, todos ellos, como Mañueco, con gobiernos en coalición con Ciudadanos, se muestran igualmente contrarios a la propuesta expresada por Sánchez tras el primer Consejo de Ministros después del verano.