El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputaba hace una semana a Podemos como persona jurídica y a tres de los miembros de su cúpula por las presuntas irregularidades financieras en el seno de la formación, según la denuncia presentada por el ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente.
Además, el magistrado citaba a declarar para el próximo 20 de noviembre como investigados (la figura jurídica que antiguamente se conocía como imputación) al tesorero, Daniel de Frutos, a la gerente, Rocío Val y, last but not least, el director de las campañas electorales y responsable de Comunicación del partido, Juan Manuel Del Olmo, uno de los más próximos y estrechos colaboradores de Pablo Iglesias.
Sin embargo, otra de las personas más señaladas en la denuncia de cuarenta y cinco folios de Calvente, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, es otro pablista de pro como Rafael Mayoral, flamante portavoz de la Ejecutiva de Podemos y diputado en el Congreso. En razón de esto último Mayoral es aforado y por lo tanto está fuera del alcance de Escalonilla. Deberá ser el Tribunal Supremo (TS) el que, eventualmente, se pronuncie sobre su situación.
Según Calvente, expulsado de Podemos el pasado invierno, Mayoral formaría parte fundamental de la trama de enriquecimiento que haría este caso peor que los de Gürtel y Filesa, las dos grandes tramas de financiación irregular de la democracia, que afectaron en su día a PP y PSOE. "Por la estructura jerárquica del grupo y por sus integrantes, así como por el destino de los fondos del partido bajo la opacidad de la nueva Gerencia a partir de 2019, Mayoral parece ocupar el lugar de organizador y máximo destinatario de los fondos dispuestos" señala Calvente en su denuncia.
Pagos sospechosos en la "caja de solidaridad"
Una operación delictiva que se vehicularía a través de la cooperativa Kinema, fundada por el propio Mayoral, abogado de profesión y con pasado como militante en el Partido Comunista de España, que se ha convertido en el auténtico ‘héroe’ de los taxistas, singularmente los de Madrid, por la defensa de su postura corporativa en el conflicto con las nuevas plataformas como Uber y Cabify.
Es justo ahí cuando topamos con la ya célebre "caja de solidaridad", el nombre que el propio Iglesias esgrimía el pasado viernes en Twitter para negar tajantemente que en Podemos existiese una Caja B, algo, se quejaba el vicepresidente segundo, con lo que se les pretende asimilar al PP. Ese instrumento, según Calvente, fue creado en 2018 a iniciativa del propio Mayoral (diputado desde 2016) como mecanismo de ayuda a distintas iniciativas sociales, que se beneficiarían del porcentaje de sueldo público donado por los cargos públicos del partido. Una tapadera, afirma la denuncia, para detraer recursos en beneficio de algunos.
En esa línea, y siempre según Calvente, se enmarcaría la donación de 50.000 euros sacados de esa "caja de solidaridad" para la asociación # 404 Comunicación Popular "sin que conste la fecha, la razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero". Dicha asociación, con una web cuatrocerocuatro.org y una cuenta de Twitter con seis mil seguidores, estaría controlada, según las pesquisas del propio Calvente, por Cristian Luis Navarro Marrero, una persona estrechamente vinculada a Mayoral, a quien acompañó en una viaje a Brasil en noviembre de 2019, poco después de las elecciones generales celebradas ese mes, en calidad de asistente local (en España) del grupo de Podemos en el Parlamento Europeo.
En aquel país está la sede de la empresa portuguesa ABD EUROPA LDA con la que Podemos contrató servicios para las campañas electorales de 2019 por valor de unos 400.000 euros, un importante similar al suscrito con la mejicana Neurona que el Tribunal de Cuentas ha señalado como no justificado como gasto electoral. La "sospecha" de Calvente, y como tal la traslada al juez en su escrito, es que tanto el ya imputado Juan Manuel del Olmo como Mayoral habrían ejercido de comisionistas.
Más aún, las operaciones y pagos con Neurona y ABD EUROPA LDA "se enmarcarían en esta presunta red global de corrupción política y estaríamos ante contratos ordenados por algunos dirigentes del partido Podemos para compensar a la red de financiación ilegal de partidos políticos el apoyo económico y persona recibido para promocionarles dentro del partido y que llegaran a alcanzar sus actuales puestos de dirección. Porque una de las sospechas que han envuelto a Podemos desde su origen es el origen de los fondos que permitieron su fundación en el año 2014" concluye Calvente. La Justicia, acusada de imparcial durante toda la semana por los de Iglesias, tendrá la última palabra.