El 'yo acuso' de Calvente

Para José Manuel Calvente, Podemos, el partido en el que hasta el pasado invierno trabajó como abogado y del que fue fulminantemente expulsado -acusado de un acoso sexual a una de sus compañeras que una juez ha desestimado- es una "víctima".

Así lo escribió en un hilo de Twitter este jueves, en el que salía al paso de la ofensiva en su contra que a través de las redes habían emprendido sus ex compañeros de filas, comandados por el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que le acusan de basar sus acusaciones de manejos irregulares de las cuentas en la mera rumorología, acogiéndose a una expresión literal en un momento de sus más de tres horas de declaración ante el juez Juan José Escalonilla, que ha imputado a los de Pablo Iglesias (como persona jurídica) y a tres de los miembros de su cúpula.

Y es que a su juicio, no se trataría, como en las dos grandes tramas de financiación irregular conocidas por la democracia española, Gürtel (PP) y Filesa (PSOE), de dotar de recursos económicos de manera ilegal al partido, sino de que varios dirigentes morados estarían enriqueciéndose a costa de Podemos.

Las acusaciones ante el juez

De su declaración, publicada en exclusiva por La Sexta este jueves, poco después de que la recibiera íntegra Podemos, se infiere que la ya célebre "caja de solidaridad" o "caja S" como la definía este jueves el Secretario de Organización, Alberto Rodríguez, estaría siendo saqueada por algunas personas del partido, pervirtiendo su sentido original, que es el de aportar dinero fruto de un porcentaje de los sueldos de los cargos públicos para causas sociales.

Calvente asegura que una ex senadora del partido le confesó que había donado 2.000 euros un año y "me han certificado 5.000, es muy raro". Otra de sus denuncias, también basada en comentarios de trabajadores, es que la consultora mejicana Neurona, a la que el partido abonó casi medio millón de euros en 2019 por las campañas que según el Tribunal de Cuentas están indebidamente justificados como gasto electoral, facturaría trabajos que en principio se harían para el partido.

Según fuentes de Podemos, trabajadores de esa consultora, muy bien relacionada con el fundador del partido Juan Carlos Monedero, se desplazaron desde Méjico a España para realizar servicios audiovisuales a los candidatos en las campañas del año pasado (dos generales en abril y noviembre y las municipales, autonómicas y europeas de mayo) tales como operar cámaras de televisión, una tarea no particularmente cualificada que se puede encontrar con facilidad en España. Igualmente, en su declaración, Calvente advierte del sobrecoste de la nueva sede de Podemos, que pasó, según sus palabras, de 600.000 euros a un millón.

Acusaciones que han llevado a la imputación del partido y de su tesorero, su gerente, y su responsable de comunicación y de las campañas electorales, Juan Manuel Del Olmo, uno de los más estrechos colaboradores de Iglesias, con el que también trabaja en la vicepresidencia segunda del Gobierno. Este viernes Calvente volvía a recurrir a Twitter para acusar a sus excompañeros de insultarle y de "tergiversar" su declaración ante el juez.

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá.

— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020

Algo que vincula a otra declaración, la que el próximo dos de septiembre hará ante otro juez, en este caso Manuel García-Castellón, en la Audiencia Nacional, por el caso Dina, otro de los escándalos que salpican al líder de Podemos.

Iglesias ocultó durante medio año en 2016 a su ex colaboradora, Dina Bousselham, una tarjeta con material íntimo y comprometedor que había recibido de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y que según Podemos sería fruto del robo de su móvil por parte de una trama vinculada al comisario de las cloacas José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde 2017.