"Hasta aquí podíamos llegar" exclamaba en Twitter el presidente de la Generalidad, Quim Torra, en alusión a la negativa de los letrados y funcionarios del Parlament a publicar la resolución de los grupos separatistas contra la Monarquía. Según un exaltado Torra, "el Parlamento es soberano y ningún funcionario puede decidir si se publica o no una resolución votada por el pleno".
A pesar de la advertencia de Torra, el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña sigue sin publicar la resolución y no hay visos de que los servicios jurídicos de la cámara vayan a jugarse el tipo ante el Tribunal Constitucional para dar satisfacción a Torra y los diputados de Junts per Catalunya (JxCat).
Los letrados, encabezados por Joan Ridao, exidiputado de ERC, avisaron a los grupos independenistas por activa y por pasiva de las resoluciones del Constitucional sobre los límites competenciales de la cámara catalana, entre cuyos atributos no consta que pueda reprobar al Rey. Así pues, la soflama republicana de JxCat, ERC y la CUP se ha quedado en agua de borrajas después de un pleno extraordinario en agosto que se prolongó durante más de doce horas.
Nuevo frente entre separatistas
La no publicación ha abierto un nuevo frente, el enésimo, entre JxCat y ERC. En la formación posconvergente se malician que los servicios jurídicos cuentan con el apoyo del presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, que a lo largo de la legislatura ha mostrado una muy escasa predisposición a enfrentarse a las advertencias judiciales.
Ante el bloqueo, el vicepresidente primero de la cámara, el posconvergente Josep Costa, ha propuesto que sean los miembros de la mesa del "Parlament" quienes asuman "personalmente" la responsabilidad de publicar la resolución. Torra es partidario de esta salida, no así el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, número dos de Junqueras y previsible candidato de ERC en las próximas autonómicas.
Postureo de Aragonès
Dado el clima preelectoral en Cataluña, Aragonès trata de combinar las diatribas contra el Rey con una exquisita prudencia jurídica, de modo que es capaz de declarar que "el Tribunal Constitucional puede decir misa" sobre los límites del debate en el Parlament y acto seguido apunta que publicar la resolución republicana "no es importante".