Una veintena de vecinos de Galapagar han presentado este miércoles una querella contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al considerar que es el responsable del "acoso total" ejercido contra ellos por parte de agentes de la Guardia Civil que han estado prestando labores de seguridad en la localidad madrileña para evitar que protestaran ante las puertas de su vivienda.
Según expone la querella que se ha presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo, dada su condición de aforado, y a la que ha tenido acceso Europa Press, Iglesias ha hecho uso de su cargo para "dar instrucciones" y evitar manifestaciones contra la gestión del Gobierno por la pandemia del coronavirus. Por ello, le imputan un delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, coacciones y denuncia falsa, con la agravante de prevalecerse del cargo público.
Además, los vecinos, constituidos en la plataforma 'Sancionados por Pablo Iglesias', han interpuesto otra querella en los juzgados de instrucción de Collado Villalba, contra un teniente de la Guardia Civil, 23 agentes del Instituto Armado y un policía Nacional por los delitos de coacciones leves e impedir el ejercicio de derechos cívicos por estos mismos hechos.
Ambos escritos afirman que los querellantes "han sido objeto de un acoso total en base a las instrucciones dadas" por el vicepresidente segundo del Gobierno, después de que éstos acudieran el pasado 7 de junio de forma "espontánea" a protestar a las inmediaciones de su vivienda contra la "nefasta gestión del Gobierno y los miles de fallecidos como consecuencia de sus graves negligencias".
Multados por llevar bandera o poner el himno
Destacan que sólo los manifestantes que portaban la bandera de España o hacían sonar el himno nacional han sido identificados "de forma totalmente discriminada" y multados. Además aseguran que se les ha prohibido "atravesar" de manera "injustificada" la calle en la que vive Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, "tanto en coche como a pie".
Por todo ello, entienden que Iglesias, no sólo ha actuado "contra sus propios actos", pues, según recuerdan, antes de ser vicepresidente del Gobierno llamó a "protestar contra políticos bajo expresiones tales como: 'jarabe democrático'"; sino que ha estado "utilizando a los agentes de seguridad como si fuesen sus guardaespaldas privados".
"Todos mis representados son personas pacíficas, ninguno de ellos ha portado ningún tipo de arma en ningún momento", señala el escrito firmado por la abogada Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos, que ha decidido colaborar con los querellantes a título personal.
La abogada añade que ni "cuando una banda terrorista, tremendamente criminal, y autora de cientos de asesinatos tenían amenazados a políticos, periodistas, etc... en ningún momento se cortaron calles, se impidió ejercer los derechos fundamentales de los ciudadanos o se acosó a ciudadanos pacíficos por llevar los símbolos de España".
Sancionados por "motivos falsos"
Una de las vecinas, Claudina Gutiérrez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que las propuestas de sanción llegaron incluso habiendo "cumplido a rajatabla lo que decía la Guardia Civil" durante las protestas y que para ello alegaron "motivos falsos" como que los manifestantes habían intentado "saltarse la valla". "Es una desproporción increíble a la que estamos siendo sometidos", ha afirmado.
De hecho, la querella presentada contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también incluye el delito de lesiones porque, según indica, uno de los agentes "ejerció violencia física" sobre esta vecina, por lo que tuvo que acudir a urgencias al hospital.