El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar a los exdirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña CDC, Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico de esta formación, Francesc Xavier Sánchez Vera, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado caso 3%.
En el auto de 304 páginas, el magistrado dirige el procedimiento, además de contra varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, contra la formación política CDC, el PDeCat, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica.
El auto pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que ha concluido con esta resolución en la que el juez describe la operativa desplegada por los investigados.
De la Mata señala que altos cargos del partido político CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político "ilegalmente y en forma encubierta".
En lo más alto de la organización, el juez incluye a los responsables de la coalición Gordó, Osácar y Viloca, quienes llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC, e "influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal". Ellos, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y "por supuesto recibían los pagos".
En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de estas Administraciones que, de acuerdo con los responsables del partido político CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia las compañías de los empresarios conniventes.
En el tercer escalón, el instructor incluye al grupo de los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas al partido CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.
Todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividad delictiva y según argumenta de la Mata, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: "Subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una "financiación ilegal" para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público".
"Donaciones no siempre vinculadas a una adjudicación"
El juez De la Mata hace constar en su escrito que no siempre existía una exacta concatenación temporal entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque las donaciones no están necesariamente vinculadas a adjudicaciones sino a mantener la buena relación con el partido y "situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones".
El titular del Juzgado central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional sitúa a Gordó, Osácar y Viloca al frente de una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico-financiera de CDC, para financiar ilícitamente al partido político mediante la "venta" de influencias en la adjudicación de contratos públicos. Con posterioridad Sánchez Vera se integró en la organización criminal desde su incorporación a CDC como responsable económico y jurídico.
De la Mata subraya que la trascendencia de esta organización en el desarrollo de la vida de CDC era muy relevante: los ingresos de CDC que tuvieron origen en sus fundaciones vinculadas significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la "financiación privada" del partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada).
Se trata, indica el juez, "de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta. La mejor evidencia sobre este particular es que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos".