El tesorero de Podemos "apartó" al equipo legal del partido en la compra del chalet de Iglesias y Montero en Galapagar

El tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, "apartó por alguna razón" al equipo legal del partido en la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en la localidad madrileña de Galapagar. Así lo asegura el exletrado de la formación morada, José Manuel Cavente, en la denuncia presentada en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil, donde afirma que el equipo jurídico había supervisado las anteriores opciones de compra de los líderes de Podemos.

La supuesta "trama delictiva" en Podemos es investigada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. Calvente está citado para declarar y ratificar su denuncia ante el juez este miércoles por videoconferencia desde Barcelona.

En la citada denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Calvente señala al tesorero de la formación morada como uno de los presuntos responsables de la "trama corrupta". Daniel de Frutos es "el encargado de la gestión y contabilidad última de los fondos electorales y de las subvenciones públicas recibidas por el partido, desde su puesto de Administrador General de Podemos en las diferentes coaliciones, utilizando siempre contabilidades separadas y la máxima opacidad interna de las facturas pagadas por Podemos, hasta el punto de que algunos socios de la coalición han exigido introducir cláusulas en las mismas para el caso de producirse pérdidas".

"De Frutos sería –añade la denuncia– el responsable de eliminar toda publicidad y transparencia de la contabilidad de Podemos bajo las instrucciones de Juan Manuel del Olmo, suscribiendo contratos y ejecutando los pagos que se le indicaban, sustrayendo al Consejo Ciudadano Estatal el conocimiento y aprobación estatutaria de los presupuestos, cerrando el portal de transparencia y prescindiendo de la auditoría externa de las cuentas del partido".

Compra del chalet de Galapagar

Según Calvente, la actuación del tesorero del partido también fue clave en la compra del chalet de Iglesias y Montero en Galapagar: "De Frutos fue el encargado de apartar al equipo legal de Podemos del asesoramiento legal y de la gestión contractual de la compra del inmueble del secretario general Pablo Iglesias en Galapagar".

"A pesar de que el equipo legal –añade el escrito– había participado en la supervisión jurídica de todas las anteriores opciones de compra de inmueble del señor Iglesias, pero por alguna razón, se descartó su participación en la compra de la casa actual del señor Iglesias y su pareja Irene Montero".

Recordamos que Iglesias y Montero adquirieron un chalet de 268 m2 con una parcela de más de 2.000 m2 valorado en unos 615.000 euros en Galapagar, solicitando una hipoteca de 540.0000 euros, que fue concedida por la entidad financiera Caja de Ingenieros. El tesorero Daniel de Frutos asistió al notario junto a Iglesias y a Montero cuando se firmó la escritura del inmueble el 9 de mayo de 2018.

El tesorero "pieza fundamental en la trama delictiva"

José Manuel Calvente sostiene en su denuncia que en el año 2018 "el responsable de Finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, —pieza fundamental en la trama que quiero denunciar— decidió dejar de publicar la información contable en el portal de transparencia del partido, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 82 de los Estatutos de Podemos".

Hasta el 31 de diciembre de 2017, Podemos había publicado "todos los ingresos y gastos de forma totalmente detallada y con posibilidad de descarga, para poder cumplir con el compromiso político de transparencia establecido en sus Estatutos, pero a partir del 1 de enero de 2018 solo se publica la contabilidad general, que no permite conocer el verdadero destino de los fondos del partido".

"La decisión del responsable de Finanzas Daniel de Frutos de no publicar los detalles de ingresos y gastos del partido me pareció totalmente irregular y sospechosa, no solo porque incumplía la normativa interna del partido sino porque precisamente el 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aplicable a partir de ese momento a los partidos políticos, y el compromiso de transparencia financiera de Podemos exigía conocer los gastos detallados para poder determinar qué servicios deberían someterse a licitación", concluye Calvente.