Los responsables del Ministerio del Interior lo tenían difícil. Llevaban semanas intentando que las asociaciones de guardias civiles y los sindicatos policiales se pusieran de acuerdo en cómo repartir la bolsa de dinero destinada a subirles el sueldo, pero las posiciones estaban demasiado alejadas. Es por eso por lo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha tenido que tomar una decisión que trató de evitar por todos los medios, ampliando incluso el número de reuniones previstas al inicio.
La decisión final ha sido que la Guardia Civil reciba el 59 por ciento de la bolsa de 247 millones de euros, es decir, unos 145,73 millones. Para los efectivos de la Policía Nacional irá el 41 por ciento restante del dinero, es decir, 101,27 millones de euros. La decisión es prácticamente igual que la exigencia que tenías las asociaciones del Instituto Armado y la forma de reparto establecido en 2018, que no fue respetado el año pasado.
Exactamente, los agentes de la Benemérita querían ese 59 por ciento mas el 1,7 por ciento que dicen que perdieron en el reparto de 2019. Por tanto, se puede considerar que han sido los ganadores del reparto del último tramo de la subida salarial a las Fuerzas de Seguridad. Los sindicatos policiales consideraban que a ellos les correspondía como mínimo el 47 por ciento del dinero a repartir, por lo tanto, la decisión de Interior se ha quedado bastante alejada de sus aspiraciones.
En el Ministerio del Interior eran conscientes que el reparto de la falsa equiparación salarial con las policías autonómicas se podía terminar convirtiendo en un serio problema y han optado por reducir al máximo posible los daños que esto les pudiera ocasionar. Y esto pasaba por ceñirse al reparto que aparecía en el texto del acuerdo preliminar firmado en tiempos de Juan Ignacio Zoido (PP) y que además favorecía al sector que más les interesaba apaciguar: la Guardia Civil.
Y es que las relaciones de Marlaska y su equipo con el Instituto Armado hace meses que no pasan por su mejor momento, sobre todo tras los serios problemas internos en los que derivó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que causó la mayor crisis en el seno de la institución desde que se conoció que el ex director general del cuerpo Luis Roldán había aprovechado su posición para saquear las arcas de la Guardia Civil.
En la decisión también ha podido influir la proximidad de las elecciones al Consejo de Personal de la Benemérita, que se tendrán que celebrar en octubre del próximo año. En Interior son conscientes de que si el malestar de los guardias civiles seguía creciendo podría suponer una victoria para Jucil, la marca de la plataforma Jusapol, tal y como ocurrió con Jupol en las elecciones de la Policía, lo que haría más complicadas y conflictivas las reuniones del Consejo.
La única duda que queda ahora es cuándo se efectuará el pago de esta nueva subida salarial, que será efectiva con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Con el calendario inicial de negociaciones, que se ha retraso por los desencuentros entre asociaciones y sindicatos, estaba prevista que pudiese realizarse durante el mes de octubre. Ahora habrá que ver si finalmente se hace en octubre o tocará esperar hasta noviembre.