Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman la imputación de la examiga entrañable del Rey Emérito Juan Carlos I, Corinna Larsen, que deberá comparecer por haber cometido un presunto delito de cohecho ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el próximo 8 de septiembre.
Junto a Corinna Larsen también será citado para declarar en calidad de investigado el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, el mismo 8 de septiembre. El día anterior, será el turno del comisario José Villarejo y su socio, Rafael Redondo.
En esta pieza del caso Villarejo, se investiga la conversación que el propio Villarejo y Villalonga mantuvieron con Corinna en el domicilio de esta última de Eaton Square (Londres) en junio de 2015. La grabación del encuentro fue publicada por varios medios de comunicación.
En dicha conversación, la que fuera "amiga entrañable" del Rey Emérito afirmaba que Juan Carlos I poseía supuestamente una cuenta bancaria en Suiza, que parte de su fortuna estaba oculta bajo la identidad de Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado Dante Canonica. Larsen también afirmaba que el monarca Juan Carlos I "cobró parte de la comisión del AVE a la Meca, que fue de 100 millones". Unos hechos que investiga en la actualidad la Fiscalía del Tribunal Supremo y sobre los que deberá pronunciarse en las próximas semanas.
En un auto de 14 páginas, el juez explica que el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se han analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por la conexión entre los hechos de ambas investigaciones.
En concreto, la reapertura se dirige para esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de la señora Larsen al señor Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones".
El instructor detalla una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen en la que ésta le expone al comisario sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada. Villarejo le vendió sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo. En ese sentido, el juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
Dado que el juez y el Ministerio Público han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, el magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos.
El magistrado argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucra recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía.
En el marco de esta actuación criminal, añade García Castellón, "pudiera haberse producido algún tipo de encomienda por parte de Corina Larsen a José Manuel Villarejo, para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información".
El juez De Egea archivó la pieza a petición de Anticorrupción
En septiembre de 2018, el que fuera juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, archivaba, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, esta pieza del caso Villarejo sobre las supuestas revelaciones de la examiga de Juan Carlos I.
El magistrado tomaba entonces esta decisión al entender que no había indicios de delito de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho respecto a Villarejo, que era el único investigado en esta pieza denominada Carol.