El arzobispo de Barcelona se enfrenta a la Generalidad y celebra un funeral por los muertos del coronavirus

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha celebrado este domingo por la tarde un funeral en la basílica de la Sagrada Familia por las víctimas del coronavirus. La Generalidad ha intentado que la ceremonia religiosa no se llevara a cabo arguyendo la prohibición de reuniones de más de diez personas, pero Omella ha desestimado los requerimientos de la administración autonómica. Ningún representante de la Generalidad ha asistido al funeral.

El Arzobispado de Barcelona subraya que tanto el Ayuntamiento de la capital catalana como la Generalitat habían urgido la reapertura de la Sagrada Familia para las visitas turísticas. Por eso considera que si la basílica podía acoger a unos 1.200 visitantes durante las últimas 24 horas también se podría celebrar una ceremonia religiosa siguiendo las pertinentes medidas de higiene, distancia y seguridad.

Así, y a través de una nota emitida este domingo, el Arzobispado manifiesta que "además del cumplimiento de todas las medidas sanitarias vigentes que han sido consideradas suficientes por la administración pública para la apertura ayer y hoy de la Sagrada Familia a los turistas, de acuerdo con la insistente invitación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para reactivar la vida económica, les informamos que para la celebración de esta tarde se ha previsto la medida adicional de medir la temperatura a cada persona que entre al templo de la Sagrada Familia".

Prohibición administrativa

Protección Civil y la consejería de Salud instaron el viernes al Arzobispado a que no celebrara el funeral con el argumento de que están prohibidas las reuniones de más de diez personas. Las parroquias permanecen cerradas entre semana por instrucciones de la consejería de Salud, pero el sábado por la tarde y el domingo se celebran misas a las que en la mayor parte de los casos asisten más de diez personas. En las ceremonias se suele prescindir de la homilía para acortar su duración.

Al respecto, el Arzobispado asegura que "tampoco hemos logrado que se cambiase la previsión establecida en la Resolución SLT/1746/2020, de 17 de julio, que emitió la Conselleria de Salut de la Generalitat por la que se limitaba a 10 personas la asistencia a los actos religiosos. Es una previsión que nos parece injusta y discriminatoria teniendo en cuenta que hemos sido muy cuidadosos y respetuosos en mantener las normas sanitarias exigidas para los espacios cerrados, presentadas en todo momento a la Administración, contando con el visto bueno de los médicos y, máxime, teniendo en cuenta de que para otros locales interiores más reducidos dicha norma autonómica admite un aforo del 50 por ciento".

El comunicado del Arzobispado concluye con una advertencia: "Ante el poco previsible cambio de actitud de la Conselleria de Salut de la Generalitat, durante los próximos días iniciaremos las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad y la indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos".

Inmatriculaciones

Las relaciones entre los obispos catalanes y la Generalidad atraviesan por un momento especialmente delicado una vez que el vicepresidente regional y la consejera de Justicia, Pere Aragonès y Esther Capella, denunciaran el pasado viernes que la Iglesia habría inscrito 3.722 fincas en Cataluña sin titulo de propiedad. La mitad son construcciones dedicadas al culto, el 41 por ciento, fincas rústicas y el resto, rectorías, garajes y palacios. El arzobispo de Urgell, Joan-Enric Vives, denunció que la parte eclesiástica de la comisión bilateral con la Generalidad no había sido avisada de la iniciativa de publicar el listado y negó que las inmatriculaciones no contaran con documentación que acredite su propiedad.