Casi tres años después del golpe de Estado separatista de 2017 y después de dos aplazamientos por problemas de agenda de los abogados, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha empezado este martes la vista contra los miembros de la mesa del parlamento catalán que dieron curso a las "leyes" del referéndum y de "transitoriedad jurídica" que derogaban la Constitución y el Estatuto y daban paso un Estado catalán independiente.
Se sientan en el banquillo de los acusados Lluís Corominas, Joan Guinó y Ramona Barrufet, exconvergentes, y Anna Simó, de ERC, miembros de la mesa que presidía Carme Forcadell, y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, a quienes se imputa un delito de desobediencia continuada por el que se les pide una inhabilitación de un año y ocho meses y multa de treinta mil euros. Corominas, Guinó Barrufet y Simó sólo han contestado a las preguntes de sus abogados mientras que Boya ha aprovechado la vista para montar un "show".
Boya ha querido responder al fiscal Pedro Ariche porque ha dicho que quería saber las razones por las que era juzgada. Lo ha hecho en aranés con la colaboración de un intérprete. A continuación se ha negado a responder a la abogacía del Estado aduciendo que no debería estar personada en la causa y a la acusación popular, que ejerce Vox, por sus convicciones feministas y antifascistas. Y a las preguntas de su defensa ha contestado en catalán, idioma que junto con el español es en el que ha transcurrido la primera sesión.
Los acusados han apelado a la inviolabilidad en su condición de parlamentarios y han alegado que se limitaron a dar curso a las peticiones de los grupos. También han destacado, salvo Boya, que su intención no era desobedecer al Tribunal Constitucional sino velar por los derechos de los parlamentarios.
El turno de los testigos lo ha abierto José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos y también miembro de la mesa, quien ha dejado claro que en la sesión del 6 y 7 de septiembre de 2017 se vulneraron los derechos de los diputados de la oposición, que los letrados de la cámara informaron siempre en contra del trámite de las leyes separatistas y advirtieron que los pasos que daba la mesa eran contrarios a las resoluciones y avisos del Constitucional. La letrada Judith Gené, que representa a Corominas, Guinó y Barrufet, ha tratado de acosar a Espejo Saavedra y ha tenido que ser amonestada por el presidente de la sala, Jesús María Barrientos.
El segundo testigo, el miembro socialista de la mesa David Pérez, ha asegurado a preguntas del fiscal que el órgano cameral tiene la obligación de parar las resoluciones que sean anticonstitucionales.
Incumplimiento de las normas anticoronavirus
Como es habitual en los juicios a los separatistas, los acusados han llegado a la sede del TSJC arropados por dirigentes independentistas (Laura Borràs, Roger Torrent, Elsa Artadi, Eduard Pujol y Ernest Maragall entre otros) y alrededor de un centenar de simpatizantes, incumpliendo de esta manera la prohibición de la propia Generalidad de llevar a cabo reuniones de más de diez personas.